Unións Agrarias insta a la Xunta a dejar sin ayudas públicas a las industrias que paguen menos por la leche en Galicia que en otras comunidades

Unións Agrarias inició una recogida de firmas para exigir a la Xunta que no conceda ayudas públicas a empresas agroalimentarias que fuesen objeto de sanciones firmes graves o muy graves por incumplir la Ley de Cadena Alimentaria (Ley 12/2013, del 2 de agosto), en los dos años anteriores a la fecha de solicitud o pago de la ayuda. Y tampoco a aquellas que paguen a los productores gallegos a un precio inferior a los de otras comunidades. El secretario xeral del sindicato, Roberto García, explicó que la campaña busca un efecto inmediato en la cuenta de resultados de las empresas que abusan de los productores, indicando que ya no sirven nuevas denuncias ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) o Tribunal de Defensa de la Competencia, porque la ralentización de esos procesos no resuelve la crisis actual, recordando en esa línea que «aínda hoxe estamos pendentes de executar unha sanción contra o cártel do leite 20 anos despois, e 30.000 gandeiros quedaron polo camiño». Por eso plantean llevar al Parlamento de Galicia una regulación igualitaria: al igual que un ciudadano no puede recibir ayudas públicas sin estar al corriente con la administración, que tampoco lo hagan industrias con sanciones graves y firmes: «Parece lóxico que unha empresa que reincide en incumprir a Lei de Cadea, en pagar por debaixo do que custa producir non poida optar a axudas públicas». Y además, que no puedan beneficiarse de los recursos públicos gallegos las empresas que paguen en Galicia por debajo de otras comunidades. Unos recursos que, indican, ascendieron desde el 2017 a 72 millones de euros en ayudas para comercialización y transformación, fondos que recibieron a pesar de que algunas fueron sancionadas por la AICA, indica el sindicato.

Sucede, explicó, con las industrias lácteas. Porque el precio medio por litro en Galicia está en 49 céntimos, entre 5 y 6 céntimos por debajo de Asturias y Castilla y León, pese a ser una leche de mejor calidad (superior en proteína y grasa). Con unos costes de producción que superan los 40 céntimos por litro, García explica que esa diferencia «é o 50 % da marxe de beneficio dun gandeiro asturiano. E ningún traballador que cobre o 50 % doutro se pode manter, a non ser que se queiran desprazar os centros de produción para outros lados». Añadió que «sería unha barbaridade que cos cartos dos galegos financiemos empresas para establecer unha competencia desleal».

En esta situación, el secretario xeral de Unións Agrarias hizo un llamamiento a la Xunta para evitar que se mantenga ese agravio. Tras tres bajadas consecutivas de precios, en enero, abril y agosto, y ante el temor de que la industria pretenda una nueva rebaja a final de año, exige a la Xunta que demande que el ajuste de precios llegue donde hay un diferencial grande, ya que Galicia es la única comunidad española con precios bajo 50 céntimos (53 es la media estatal). Aseguró que «non se pode permitir un novo ataque ás explotacións, porque as que pechan on volven abrir. Non vale un presuposto dentro de 5 anos para poñer novas gandeirías, porque non funciona».

Ante la reunión del conselleiro de Medio Rural con las industrias lácteas en la tarde del miércoles, demanda que les anticipe «que o que lle pedimos vai ter tramitación parlamentaria e unhas consecuencias», y que no cabe ninguna rebaja en el precio de la leche en Galicia, ya que se vería como un agravio comparativo. Quieren que de forma clara les advierta de que «calquer actuación arbitraria cos gandeiros galegos vai ter repercusións nos presupostos e nas axudas».

García lamentó que la industria hable de ajustar precios de la leche en España porque por vez primera sus ganaderos cobran más que los europeos, recordando que no les preocupó cuando en los últimos 15 años eran ellos los que cobraban un 10 % o 12 % más. Y señala que, además, es falsa la afirmación de la industria, y le demanda que si pretende indexar los precios de España al mercado europeo, que utilice el índice A3 del estudio de Sineiro de la Universidade de Santiago. «A viabilidade das industrias non pode pasar por pagar por fóra do mercado incurmpindo a lei, e a administración non pode mirar para outro lado», concluyó.

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