La medida beneficiará al 36 % de los trabajadores agrícolas y ganaderos
09 feb 2024 . Actualizado a las 10:09 h.Aunque sus quejas se centran en las leyes ambientales y la indefensión ante la venta a pérdidas, el incremento de los costes laborales es otro de los factores que explica el estrechamiento de los márgenes de agricultores y ganaderos en los últimos años. Y es que medidas como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) han impactado con especial dureza en el campo, como ayer constató el propio Ministerio de Trabajo. Según un estudio del departamento que dirige Yolanda Díaz, el sector donde más trabajadores se beneficiarán de la subida del SMI será el primario, en el que más de un tercio de las nóminas (un 36,1 %, por ser precisos) tendrán que subir a partir de este mes para ajustarse al nuevo mínimo legal, de 1.134 euros (en 14 pagas) o de 37,8 brutos al día para quienes cobren al jornal, algo habitual en las explotaciones agrícolas y ganaderas.
El impacto de la subida del salario mínimo en el campo duplica de largo el que tendrá en los servicios (donde se verán beneficiados un 15,9 % de los asalariados). En la industria y la construcción su incidencia será mucho más reducida, al afectar únicamente al 6,4 y al 4,6 % de las plantillas, respectivamente.
Para paliar ese efecto en la agricultura, la patronal CEOE reclamó durante la negociación con Trabajo y los sindicatos un alivio en las cotizaciones sociales, en concreto una reducción del 20 % sobre la cuota empresarial por contingencias comunes, que se sumase a los incentivos ya vigentes. Con esa petición, que fue desestimada, buscaban compensar con una menor aportación a la Seguridad Social el sobrecoste asumido en los últimos años por la subida del salario mínimo, que desde el 2018 ha crecido un 54 %. Así, la retribución mínima para un jornalero era en ese año de 24,53 euros por día, mientras que ahora roza ya los 38 euros.
La fuerte incidencia del SMI en el campo explica que Andalucía, Murcia o Extremadura sean las comunidades donde más trabajadores están anclados a ese mínimo retributivo, con casi uno de cada cinco contratados en ese rango salarial. Mientras, en Galicia la medida beneficiará a 135.900 personas, un 15,2 % del total de los empleados. Claro que en la comunidad solo un 2 % de los trabajadores por cuenta ajena (unas 19.600 personas de media en el 2023) están empleados en la agricultura, la ganadería, la caza o la silvicultura.
Una de las razones que pueden explicar el dato es la gran cantidad de explotaciones familiares donde los que trabajan son los propios titulares de la granja, que, además, cada vez tienen más dificultades para encontrar mano de obra cualificada. De ahí que, como muestra del diálogo que el Gobierno central quiere mantener con los agricultores en guerra, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, los convocara ayer para el 13 de febrero con la idea de tratar el «problema de mano de obra» del campo, un sector donde se han perdido 100.000 empleos en España en los últimos 10 años.