Adaptar las granjas de porcino a la nueva normativa de bienestar animal le costará 300.000 euros a cada ganadero
GANADERÍA
Asaja y COAG reclaman al Ministerio de Agricultura una prórroga de tres años para la entrada en vigor del nuevo real decreto y que se modifiquen las densidades de espacio por animal
12 jul 2024 . Actualizado a las 05:00 h.Los responsables de la Coordinadora de Agrupaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y de la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) han echado cuentas, en base a presupuestos reales, y han llegado a la conclusión de que adaptar las granjas de porcino a lo que exigirá la nueva normativa de bienestar animal española le costará a cada ganadero alrededor de 300.000 euros. Por eso se han unido para reclamar una moratoria de tres años en la aplicación del decreto, ayudas específicas para realizar esta transición y una modificación en las densidades de espacio por animal, entre otras cuestiones.
La primera reivindicación de estas organizaciones es que se retrase hasta enero del 2028 la entrada en vigor de este real decreto, que establece nuevas exigencias de bienestar animal para las explotaciones de porcino. Con ello se lograría realizar una adaptación gradual y ordenada del sector, sin provocar drásticas caídas en la producción. Porque se calcula que la implementación de esta normativa y de los nuevos requisitos de densidad de espacio por animal supondrán una pérdida de entre cuatro y ocho millones de cerdos cebados al año. La reducción de plazas oscila entre el 7 y el 16 %.
Por otro lado, esa prórroga permitiría también esperar a los debates y a los posibles cambios en la directiva que pueda realizar la Unión Europea durante los próximos meses. Y, por último, daría tiempo suficiente para establecer un plan coordinado entre el ministerio, las comunidades autónomas y el sector. Porque ambas organizaciones calculan que el coste de esta transición será de 300.000 euros por granja, cifra que podría crecer hasta los 500.000 euros en caso de querer ampliar la supercicie de las explotaciones para mantener el nivel de producción.
Tanto Asaja como COAG considera que el ministerio debería habilitar ayudas específicas para facilitar la transición hacia las nuevas normativas. Estas ayudas servirían para apoyar a los ganaderos y financiar la implementación de las mejoras necesarias para cumplir con los nuevos estándares de bienestar animal. Además, critican las organizaciones, los profesionales del campo se enfrentan a dificultades significativas para obtener las autorizaciones necesarias para ampliar sus granjas, pues las regulaciones actuales y las restricciones administrativas complican el proceso de expansión.
Entre las principales novedades que incluye el nuevo real decreto es que, cuando entre en vigor, los lechones en transición deberán disponer de 0,24 metros cuadrados por animal, frente a los 0,20 actuales. También se ampliará el espacio para los cerdos de engorde, pasando de 0,65 metros cuadrados a 0,74 por animal.
La última de las reivindicaciones de estas organizaciones es la de modificar las densidades de espacio por animal, con el objetivo de lograr un equilibrio entre la normativa de bienestar animal y la sostenibilidad económica de las explotaciones. Consideran que los animales de hasta 10 kilos deberían disponer de 0,20 metros cuadrados; los de entre 10 y 20 de 0,22; los de entre 20 y 30 de 0,3; los de entre 30 y 50, de 0,45; los de entre 50 y 85, de 0,65; los de entre 85 y 110, de 0,68; los de entre 110 y 130 kilos de un metro y los de más de 130 kilos de 1,18 metros cuadrados.
«La prórroga solicitada y la modificación de densidades propuestas son esenciales para asegurar una transición ordenada, mantener la viabilidad económica de las explotaciones y continuar contribuyendo al equilibrio territorial y socioeconómico de amplias zonas rurales», destacan desde los sectores de porcino de Asaja y COAG.