La Ley de la Cadena Alimentaria avanza sin dar garantías eficaces al sector
SOSTENIBILIDAD
El Consejo de Ministros prevé aprobar el martes la norma que adapta la directiva europea
30 oct 2020 . Actualizado a las 09:16 h.«Precios dignos para sus productos». Ese era el grito de guerra con el que ganaderos y agricultores asaltaron calles y carreteras en diferentes puntos de España. En Galicia no llegaron a sacar los tractores, pero reivindicaron justicia a golpe de folión justo antes del Carnaval. El estruendo que venía del campo retumbó en Moncloa y, unas semanas antes de que se decretara el primer estado de alarma en España, el ministro de Agricultura, Luis Planas, anunció que modificaría la Ley de la Cadena Alimentaria del 2013 articulada por el entonces ministro popular Miguel Arias Cañete. La promesa lanzada por el ministro socialista para calmar los ánimos en el campo fue plasmada en un decreto en el que queda prohibida la venta a pérdida, además de aumentar el peso de los agricultores en la negociación con la industria. La reforma incluyó ambos cambios, pero no mecanismos que garanticen su cumplimiento, como han denunciado varias veces las organizaciones agrarias.
Entonces llegó la pandemia, el confinamiento... el campo abrió una tregua. Aparcó las protestas para dedicarse a trabajar con el objetivo de garantizar el abastecimiento alimentario, pero los precios continuaron por los suelos mientras la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria dio un paso más en julio al comenzar la tramitación del proyecto de ley que adaptará a España la directiva europea 2019/633 sobre prácticas comerciales desleales. Es justo el proyecto normativo que prevé aprobar el Consejo de Ministros del próximo martes, después de que ayer la Comisión de Agricultura del Congreso diera luz verde al documento por 20 votos a favor, 14 en contra y 2 abstenciones. Las que no prosperaron fueron las enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios, que no serán incluidas en el texto del decreto impulsado por el Gobierno en febrero para dar respuesta a las demandas de ganaderos y agricultores.
Pero mientras los textos legislativos van acumulando modificaciones, el campo continúa esperando mecanismos que favorezcan la desaparición real de prácticas como la venta a pérdidas. Porque como explican desde organizaciones como Unións Agrarias tiene que haber un organismo público, no la industria o la distribución, que marque unos precios de referencia de los que echar mano a la hora de negociar los contratos. «Tería que haber un organismo público que publicase os custes de produción por comunidades porque non é o mesmo producir uva en Galicia que en Castela. E ademáis a lei tería que incluir a figura do mediador como unha referencia neutral que intermedie na negociación entre industria ou distribución e produtor», comenta el secretario xeral de la organización agraria, Roberto García.
A su juicio esas medidas son fundamentales para que los ganaderos de carne de Ternera Gallega Suprema no continúen cobrando el kilo de sus animales criados con leche materna a poco más de cuatro euros o que la leche en España, como añade, mantenga los precios medios más bajos de Europa, pese a ser un país deficitario.