Cataluña expropiará las fincas abandonadas de quienes no quieran arrendarlas
SOSTENIBILIDAD
Al igual que hizo antes la Xunta con la Lei de Recuperación de Terra Agraria, el Gobierno catalán quiere recuperar la actividad en las tierras que se han dejado de cultivar en los últimos años. La diferencia es que mientras en Galicia la movilización de las fincas es totalmente voluntaria, el Ejecutivo catalán obligará a los propietarios que no las usen a arrendarlas.
14 sep 2023 . Actualizado a las 09:42 h.La aprobación de la Lei de Recuperación de Terra Agraria convirtió a Galicia en una comunidad pionera en la búsqueda de fórmulas capaces de devolver la actividad agroganadera o forestal a las tierras en desuso. La norma, fruto de todo el trabajo realizado por la Comisión de Incendios constituida en el Parlamento gallego tras los incendios forestales del 2017, pretende poner en valor todas esas fincas como medida de prevención contra el fuego, pero también para lograr la sostenibilidad económica de los que viven en las áreas rurales, además de ofrecer oportunidades a los que quieran vivir en el campo. Esa misma filosofía parece haber inspirado al Ejecutivo catalán (ERC) que, a través del departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, anunció esta semana en un comunicado su intención de poner a disposición de la producción alimentaria el máximo de superficie agraria y, de ese modo, garantizar la soberanía alimentaria. Y da un dato: en los últimos 20 años se han dejado de cultivar unas 100.000 hectáreas de terreno en la comunidad. La diferencia es que, al contrario de lo que ocurre en Galicia donde todas las figuras de movilización de tierra son de carácter voluntario o en el caso de figuras como los polígonos agroforestales han de tener el consenso de al menos un 70 % de los propietarios, el Gobierno catalán obligará a alquilar aquellas tierras que están en abandono.
Lo que ha hecho, como explica en el comunicado, es aprobar un Registro de Tierras de Cataluña que identificará las parcelas que están abandonadas, en desuso o en peligro de estarlo con el objetivo de disponer de una superficie agraria más amplia en Cataluña. Y será, como añaden, un colectivo de profesionales relacionados con la agricultura el que se encargue de identificar las parcelas en desuso que se incluirán en un inventario a partir del que se abrirá un proceso para identificar al propietario. «Hecha la consulta y quedando constatado que la parcela está en desuso al no cumplir con su finalidad agraria se incluirá en el registro».
El Ejecutivo catalán establecerá una renta asequible de alquiler anual para cada una de las parcelas agrícolas y ganaderas en desuso que se encuentren en disposición de ser arrendadas. Luego abrirá una convocatoria para que quienes estén interesados en su arrendamiento puedan presentar una solicitud en la que se priorizará a la gente más joven y a las empresas que estén ubicadas cerca de la parcela. En aquellos casos en los que el propietario no quiera alquilarlas al solicitante al que le fue adjudicada, advierten desde el departamento de Acción Climática, le enviarán un requerimiento para que lo haga, pero en caso de no querer hacerlo de todas formas «se procederá a la expropiación temporal del derecho al uso de la parcela, de conformidad con la normativa de expropiación forzosa, salvaguardando el derecho de propiedad y permitiendo la obtención de rentas».
Desde el Ejecutivo catalán aclaran que esto se hace «porque se considera incumplida la función social de la propiedad del uso de la tierra por su infrautilización cuando se ha declarado la parcela en desuso y la persona titular no ha adoptado las medidas correctoras para revertir esta condición oponiéndose al arrendamiento de la parcela propuesto por el órgano competente». Una vez terminado el expediente de expropiación temporal del derecho de uso de la parcela, la Administración formalizará el contrato por el que la Generalitat de Cataluña, mediante el departamento competente, asume sus funciones. Los contratos de alquiler tendrán una duración mínima de 7 años.
En el caso de la ley gallega solo en el caso de las fincas de propietario desconocido podría abrirse un proceso administrativo para tratar de localizar a esos dueños de tierras. En caso de no aparecer, estas podrían acabar pasando de forma cautelar al Banco de Terras para su arrendamiento a precios marcados por la Administración. En el caso de que sus dueños aparezcan, estos podrán recuperar sus tierras y recibir el importe del arrendamiento correspondiente a los años en los que estuvieron alquiladas por medio del Banco de Terras. De no hallarse el dueño en un plazo de diez años, estas podrían pasar a ser gestionadas por la Administración. En concreto pasarán a manos de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) que solo podrá cederlas al concello en el que se encuentran.