Más de la mitad de los españoles se opone a la instalación de plantas solares en terrenos de cultivo, según un informe de GAD3
SOSTENIBILIDAD
El estudio revela un amplio desconocimiento sobre el impacto de estas instalaciones y la preocupación por su efecto en la agricultura y el medio rural
03 oct 2024 . Actualizado a las 05:00 h.Un estudio realizado por GAD3, presentado durante una jornada organizada por la Asociación de Periodistas Agroalimentarios (APAE) en colaboración con SOS Rural, revela que el 56% de los españoles se opone a la instalación de plantas solares en suelos agrícolas. Esta encuesta nacional analiza la percepción sobre las plantas fotovoltaicas y pone de manifiesto un creciente rechazo a su proliferación en terrenos destinados al cultivo. El evento contó con la participación de destacados representantes del sector agrario, quienes expresaron su preocupación por el impacto de estas instalaciones en las zonas rurales.
El informe destaca que, aunque el 75% de los encuestados afirma conocer las plantas solares, el 50% desconoce que pueden instalarse en terrenos de cultivo, lo que refleja un alto grado de desconocimiento sobre su impacto en la agricultura. Además, el 70% de la población cree que son las empresas responsables de las plantas solares las encargadas de gestionar los residuos industriales que generan, cuando en realidad esta responsabilidad recae sobre los propietarios de los terrenos. Solo un 6% de los encuestados conoce este hecho, lo que pone de relieve la necesidad de una mayor transparencia en la gestión de estas instalaciones.
Según el estudio, los españoles que han visto o conocen de cerca alguna planta solar tienen una visión más crítica sobre su proliferación, señalando impactos negativos sobre el sector agrícola, el paisaje y la fauna. El 70% de los encuestados cree que las plantas solares están reduciendo la superficie de tierras cultivables, afectando no solo a la producción agrícola, sino también a la despoblación rural y al aumento de precios en los alimentos. Lourdes Zuriaga, presidenta de APAE, advirtió que «existe una creciente preocupación dentro del sector agrario sobre cómo estas plantas pueden comprometer la sostenibilidad del campo».
El informe también refleja una percepción negativa sobre los beneficios económicos de las plantas solares. Mientras que el 70% de los españoles reconoce que estas instalaciones generan empleo y pueden impulsar la economía local, el 81% asegura no haber percibido mejoras en su economía familiar como consecuencia de su proliferación. Este porcentaje es aún mayor entre los trabajadores del sector primario, quienes son los más afectados por los cambios en el uso del suelo.
Javier Poza Llorente, secretario general de SOS Rural, subrayó la importancia de proteger el medio rural y denunció que «el crecimiento descontrolado de las macroplantas solares en tierras de cultivo fértil está dañando irreversiblemente el medio natural». En regiones como Murcia, SOS Rural ha alertado sobre la instalación de plantas solares en terrenos de regadío declarados de interés nacional, lo que está perjudicando gravemente la actividad agrícola.
Además, el estudio revela que el 75% de los encuestados considera que las grandes multinacionales son las principales beneficiarias de la expansión de las plantas solares, mientras que solo uno de cada cuatro cree que la población en su conjunto se beneficia de ellas, y apenas el 19% considera que tienen un impacto positivo sobre el medio ambiente. Para el secretario general de SOS Rural, «los ciudadanos quieren una sociedad más sostenible, pero no a cualquier precio. No podemos cambiar soberanía energética por soberanía alimentaria, ambas deben ser compatibles».
Por último, María Martín, directora de Comunicación de GAD3, subrayó que «aunque la sociedad española reconoce el valor de las plantas solares en la lucha contra el cambio climático, su desarrollo no debe comprometer la sostenibilidad local, el paisaje ni el sector agroalimentario». La jornada concluyó con un llamamiento a las autoridades para que establezcan un marco regulador más claro y justo, que garantice la protección del medio rural y de las tierras de cultivo frente a la expansión descontrolada de las plantas fotovoltaicas.