El Cambio Climático anega la costa

Detrás de ese kilo de berberechos que se acaba de comprar en el mercado hay una larga cadena. Está el pescadero, el transportista, el depurador, la lonja, la cofradía, el vigilante... hasta llegar al mariscador. Lo mismo con el mejillón, que ha pasado por depuradora después de ser extraído de un polígono de bateas que estaba abierto porque las muestras que tomaron y analizaron los técnicos del Intecmar así lo permiten. Y lo mismo con la transformación, que en algunos casos han precisado de un cocedero, de una mano -probablemente femenina- que lo enlate...

En Galicia, «la cuestión del mar no es un tema ni menor, es una religión», apunta Juan Manuel Vieites, secretario general de Anfaco. Una religión con 40.000 fieles -que se corresponden con los empleos que la industria alimentaria del mar genera-, más de 10.700 templos -las empresas del sector que existen según el IGE- y que deja en los cepillos un valor añadido de 1.200 millones.

Toda una cadena que funciona perfectamente, sin chirriar en extremo con el entorno, pero que, de un tiempo a esta parte, no deja de encontrar arenilla en el engranaje. Van ya tres veces que se encuentran por sorpresa -«pola porta de atrás», en palabras del presidente gallego- con un intento de reformar la Ley de Costas en general y el tiempo de duración de sus concesiones en particular.

Si hace unos meses la polémica saltaba por la aparición en la web del Ministerio de Transición Ecológica de una pestaña con el texto de modificación del reglamento de Costas -retirado tras un aluvión de alegaciones- y, después, al trascender una propuesta hecha al grupo de trabajo de gestión integral del litoral (GT-GIL) que rebajaba la duración de las concesiones a 15 años -a 3 en algunos casos-, ahora las alarmas han saltado al darse de bruces con el artículo 18 de la Ley del Cambio Climático, en el que los empresarios ven otro intento de variar la Ley de Costas a sus espaldas.

Criterios y concesiones

Tras leerlo, entienden que se están introduciendo nuevos criterios para otorgar y renovar las concesiones -la evolución del ecosistema, condiciones hidromorfológicas y la presión de uso- y que se está privando a las empresas de la prórroga extraordinaria que prevé la Ley de Costas del 2013, pues establece que «los plazos de duración de los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre se computarán desde su otorgamiento e incluirán todas sus prórrogas, de ser estas posibles, sin superar los máximos establecidos» legalmente.

Ese intento de despejar en una ley la discrepancia que hay sobre el cómputo de las prórrogas extraordinarias ha puesto a temblar a muchas empresas que necesitan del permiso de Costas para poder operar. Sobre todo, aquellas cuyas concesiones datan de mediados de los setenta o de los ochenta y están a punto de alcanzar los 50 años de tope que da la Ley de Cultivos Marinos, 40 si están en la ribera, cuyo plazo se reduce un quinto.

¿Cuántas son? Según la Xunta, podrían «verse afectadas unhas cen empresas, que dan emprego a arredor de 3.000 persoas» y cerca «de 5.000 edificios», entre los que hay cofradías, pero también colegios o centros de salud. En Transición Ecológica restan decenas a los cálculos del Gobierno gallego y en febrero cifraban en 29 las empresas que podrían verse en problemas de renovación. Mientras, en el sector callan, porque están en peligro sus inversiones. «Ti faríaslle un seguro a alguén que sabes que lle quedan meses de vida?», argumentan. Pues eso es lo que les ocurre a los empresarios con concesiones a punto de caducar: que verían cerrado el grifo del crédito justo cuando se está fraguando una buena en la economía. De hecho, afirman que hay inversiones paralizadas, esperando a ver si se despeja si van a poder continuar o si las condiciones que se imponen para renovar u otorgar una nueva concesión son compatibles con la necesaria rentabilidad y viabilidad de la empresa. Les duele esa inseguridad jurídica cuando «no país veciño dan facilidades», apunta Roberto Fariña, presidente de los depuradores de Agade.

Trabajo conjunto

En el baile de cifras irrumpen asesores legales del sector: «Afectar, afecta a todas. Es como la edad de jubilación, como trabajador, más tarde o más temprano te va a afectar». Así, «todas las que están al borde del mar necesitan concesión de Costas, ya no por estar en su terreno, que son minoría, sino por los tubos de captación y los emisarios». Por eso es importante «trabajar juntos» para reformar la Ley de Costas.

Transición Ecológica insiste en que contará con el sector, pero aún no es el momento. Que el litoral aparezca en una norma que aborda el cambio climático es lógico, precisamente para garantizar la seguridad física de la actividad. Pero el sector no se fía. Prefiere que se borre ese artículo 18 y se trate todo lo de la costa en su propia ley, la Ley de Costas.

La sombra alargada de la polémica prórroga de Ence 

La reforma de la Ley de Costas de 1988 que impulsó el Gobierno de Rajoy en el 2013 permitió que en enero del 2016 Ence lograse una prórroga de 60 años para la concesión de su fábrica de Lourizán, en Pontevedra. Como este período se calculó en base al inicio de la tramitación de la solicitud ante Madrid, la prórroga, aún en vigor, permitiría a la pastera seguir allí hasta el 2073.

Contra esta decisión se presentaron tres contenciosos en la Audiencia Nacional por el Concello de Pontevedra, Greenpeace y la APDR. Exigen la anulación de la prórroga, a lo que en su momento se opuso el Estado y la empresa.

El cambio de Gobierno en Madrid supuso una modificación sustancial en la actitud de la Administración central en estos litigios. La Abogacía del Estado realizó un informe donde se deja claro un cambio de criterio, que afecta directamente a la prórroga de Ence, pero también a todas las que se otorgaron o se tramitan en base al mismo principio. En ese informe, asumido por el Gobierno central, se avala que prórroga y concesión solo pueden sumar 75 años entre las dos, invalidando que el momento de dar la ampliación del permiso sea un punto del que se pueda hacer tábula rasa y empezar a contar de nuevo. Bajo este principio, el Estado se allanó en el 2019 en los procedimientos que se siguen en la Audiencia Nacional, y que todavía están pendientes de sentencia.

Por ese cambio de criterio, y ya que el Abogado del Estado definió ese punto del reglamento del 2014 como no conforme a derecho, el equipo de Sánchez defendió la modificación de la norma. El revuelo que se montó, sobre todo en Galicia, fue enorme, por las consecuencias que unos afirmaban y otros negaban para la industria del mar. Pendiente del frente judicial, los vaivenes normativos tienen ya consecuencias. Por ahora, han frenado la modernización millonaria de Ence en Lourizán y creado inseguridad jurídica en todo el litoral gallego

Roberto Fariña: «Somos empresas sostibles, non as causantes do cambio climático»

e. abuín

Parte de la fachada de la depuradora Mariscos Fariña está recubierto de conchas de vieira, en un alarde de etnografía gallega. Es una anécdota, pero atestigua que, en Galicia, la integración de la industria del mar con el entorno es tal que expulsarla de la ribera casi contravendría las mismísimas reglas de antropología gallega. «Ir a Galicia e non ver unha batea ou unha depuradora é como ir á Rioxa e non ver unha bodega», dice Roberto Fariña, que reprocha a Madrid que no sea capaz de entender que «un cocedoiro ou unha depuradora non poden estar nun polígono industrial». Y no solo porque el marisco gallego dejaría de ser competitivo y, por ende, las empresas, si no porque atenta más contra el medio ambiente que si se permite a la empresa continuar al borde de ese mar que necesita.

«A actividade industrial na ribeira en Galicia empezou a finais de 1800, aínda que foi nos 70 e 80 cando se empezou a ordenar o uso da costa; levamos no litoral moitos anos e demostramos que somos empresas sostibles, non as causantes do cambio climático», señala Fariña. Por eso no entiende el empeño de la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en eliminar cualquier actividad industrial de la costa, ya se trate de la piscina de un hotel en Canarias, de un chiringuito de playa en Benidorm, o de una depuradora en Cambados.

«Madrid descoñece cómo é Galicia e intenta aplicar táboa rasa a unha norma que non se pode aplicar a toda a costa por igual», señala. Desde la capital se pierde la perspectiva de que las depuradoras son paso obligado de más de 160 millones de kilos de mejillón y casi 10 millones de bivalvos al año y que, de no existir ellas, no podrían salir al mercado para desesperación de los mariscadores.

Fariña apela a una revisión consensuada, tanto de los plazos como de los criterios, para acabar con una seguridad jurídica que está retrayendo la inversión. Y hace ver la deslocalización como una posible salida: «No país veciño as facilidades son absolutas; e con un Goberno socialista, como en España».

Jordi Trias: «Se pone en peligro el futuro de un sector en el que Galicia es líder mundial»

Presidente de Stolt Sea Farm y directivo del Clúster de Acuicultura de Galicia

t. l.

Jordi Trias Fita es presidente del grupo Stolt Sea Farm -empresa acuícola con fuerte implantación en Galicia, líder en cultivo de rodaballo y lenguado-, y pertenece además a la junta directiva del Clúster de la Acuicultura de Galicia, integrado por 12 empresas que generan en torno a un millar de puestos de trabajo directos en la comunidad gallega y facturan 150 millones de euros al año.

Trias Fita analiza, en clave de clúster, las secuelas que, a su juicio, generaría un cambio normativo para la actividad económica e industrial en espacio terrestre de dominio público de Costas: «Genera confusión legal y también económica. Legal, porque ya existe una ley que regula este tipo de concesiones administrativas; y económica, porque podría poner en peligro el futuro de un sector en el que Galicia es puntera a nivel mundial como es la cría de rodaballo y lenguado», explicó.

El presidente de la multinacional piscícola entiende que cualquier tipo de modificación «debería ser consensuada por el sector y no adoptada de forma unilateral», porque a su juicio, «se pone en peligro el desarrollo económico de una actividad «responsable, sostenible y que, además, la Unión Europa califica de un sector estratégico en la acuicultura europea».

Trias lamentó que haya empresas sobre las que pende la espada de Damocles en forma de cierre, por lo que insta a la Administración a establecer un «diálogo constructivo para acabar de una vez por todas con la inseguridad jurídica que conlleva este tipo de decisiones».

Luz Arregui: «Nos despojan de un derecho de 40 años de concesión»

Directora técnica del Grupo Tres Mares

Toni longueira

Grupo Tres Mares de Lires, ubicado en el término municipal de Cee, nació en 1969 de la mano del empresario Román Arregui. Se dedica a la cría y engorde de truchas. Genera entre 50 y 100 empleos al año, según la campaña, y factura seis millones de euros al año. A todo eso le ha puesto Transición Ecológica una fecha de caducidad: abril del 2021. Luz Arregui Maraver, directora técnica de la compañía, apunta las consecuencias que supone para la empresa este cambio en la interpretación «cuando ya hay una Ley de Costas en vigor y actualizada desde el 2013».

Arregui explica que en el 2018 solicitó una prórroga extraordinaria por plazo de 40 años, «que fue concedida». Pero en lugar de fijar la Administración el vencimiento en el 2058 -como sostiene que correspondería de acuerdo con la ley del 2013- se concedió la renovación hasta abril del 2021: «De acuerdo con la normativa en vigor, deberíamos de disponer, tras cumplir los debidos trámites, de 40 años más de prórroga extraordinaria. Al contar ese tiempo extra desde el inicio de la concesión «se contradice lo que claramente estipula el artículo 2 de la Ley de 2/2013, con lo que nos están despojando de un derecho de 40 años de concesión. Estamos en un Estado de derecho y cualquier minoración de los plazos ha de quedar motivada».

Según explicó la directora técnica del Grupo Tres Mares, la última alternativa que le dejaría la Administración, en caso de que la propuesta saliera adelante, es solicitar «una miniprórroga de tres años, lo que en la práctica supone una invitación a marcharse porque, ¿quién se plantea un plan económico-financiero a tres años vista? Aquí están trabajando incluso terceras generaciones de familias, que empezaron en 1969, y recurriremos por la vía judicial para hacer valer nuestros derechos. Hay una ley vigente y hay que respetarla».

Una concesión supeditada a que derribe parte de sus naves

El caso de la empresa Paquito, en Boiro

a. gerpe

La viabilidad de la empresa Paquito de Boiro, que de la mano de un inversor ha logrado recuperarse de un profundo bache, se ve amenazado ahora porque Costas supedita el otorgamiento de una nueva concesión -la anterior caducó porque la empresa no solicitó en plazo la renovación- a la demolición de parte de varias de sus naves. El gerente de la compañía, Alberto Horrillo, explica que la firma logró el pasado año un aumento del 18 % en su facturación: «Propiciado por el crecimiento del procesado del mejillón, que ha subido un 50 %, y también de los precocinados. Los esfuerzos que estamos haciendo y el respaldo del fondo de inversión, que entró hace un par de años, están dando resultados». Todo ello puede irse al traste si, finalmente, la empresa debe ejecutar la propuesta de Costas.

Alberto Horrillo señala que la compañía está preparando las alegaciones «para justificar que es inviable proseguir con la actividad con las condiciones que nos han impuesto». Vinculada a la transformación de productos del mar, Paquito lleva implantada en la zona de O Careixo desde 1969.

En la zona de las instalaciones afectada por Costas se encuentran cámaras frigoríficas y áreas en las que se llevan a cabo procesos como la cocción del mejillón o la limpieza de cefalópodos. Horrillo precisa que, debido a la crisis sanitaria, los plazos se suspendieron y que disponen todavía de un mes para entregar la documentación. En cuanto a la posibilidad de que una nueva ley pueda provocar cambios en la duración de la concesión, señaló que es un aspecto que desconoce si podrá producirse: «Si llega el caso, habrá que conocer los detalles para poder actuar».

Información elaborada por M. Cuadrado, R. Estévez, A. Gerpe, M. Gago, T. Longueira y E. Abuín.

Una preocupación que se extiende por municipios del litoral de muy distinto signo

La Voz

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