Todos sabemos de los problemas de la judicatura para desarrollar su trascendental labor en la sociedad. Tenemos más que asumido que, por encima de todas las cosas, es lenta y que en muchas ocasiones esta lentitud impide que se haga justicia de verdad.
Lo que es menos de recibo es que instituciones del propio Estado contribuyan a demorar más las causas abiertas. Este es el caso contado ayer en este periódico, con la jueza Margarita de Ron Cambón enviando un ultimátum a Hacienda en la causa por presuntos delitos societarios en el Deportivo durante la etapa de Lendoiro: «No habiéndose recibido contestación al oficio remitido a la Agencia Tributaria en fecha 7 de febrero del 2017 y recordado en fecha 22 de marzo del 2017, procédase a remitir un nuevo oficio......», recoge el escrito de la jueza.
Resulta inexplicable que desde el 7 de febrero, la Agencia Tributaria no haya siquiera respondido. Los primeros requerimientos comenzaron, además, en diciembre del 2015. ¿Cómo es posible que una institución como Hacienda, especialmente ágil cuando se trata de expedientar a un ciudadano común, no muestre la mayor diligencia en una causa en la que uno de los elementos fundamentales es el agujero de más de 90 millones que Lendoiro dejó de deuda con el fisco siendo el presidente del Deportivo? ¿Por qué?
Que Lendoiro mantenga una estrategia dilatoria que dificulte la investigación era de esperar, que las trabas vengan desde dentro del propio Estado es descorazonador.