Antiguos trabajadores del Grupo de Empresas Álvarez (GEA) reclaman tres millones de euros al empresario José Antonio Castro Sousa, que es dueño de la cadena de hoteles Hesperia, por los derechos reconocidos por el juzgado sobre la antigua fábrica de cerámica. Aunque miembros del colectivo de trabajadores elevaron la cifra a nueve millones de euros, uno de sus abogados reduce sustancialmente la cantidad «porque hay que descontar los pagos a la Seguridad Social y Hacienda». Según señaló uno de los letrados que representa a los 280 trabajadores, el empresario José Antonio Castro, en nombre de Naerama, realizó un primer ofrecimiento de 250.000 euros, «una cantidad muy baja». Fuentes de Naerama señalaron que «la liquidación se presentó en el mes de julio y los abogados de los trabajadores no estuvieron de acuerdo». Como ambas partes discrepan «esta semana tendremos una reunión», indicó el letrado Jaime Campa, que presta sus servicios jurídicos a Naerama.
Créditos judiciales
Los abogados representantes de 280 trabajadores del antiguo grupo de empresas Álvarez firmaron un contrato con la constructora catalana Naerama Grup el 22 de julio de 2002. Por este contrato, la empresa de José Antonio Castro Sousa, un gallego afincado en Barcelona, se comprometía a pagar 7.061.892 euros «dentro de los cinco días laborables siguientes a la aprobación definitiva y firme en vía administrativa de la revisión del plan general de ordenación urbana de Vigo» por la antigua fábrica de Moahsa en Coruxo
Según el contrato tenía que mantenerse el volumen de aprovechamiento urbanístico de «46.575 metros cuadrados de los cuales 28.586 metros cuadrados corresponden a suelo, dando lugar a un máximo de 246 viviendas y 17.989 metros cuadrados que corresponden a semisótanos, bajos y primer planta».
Por los terrenos de Cabral, que suponen 165.000 metros cuadrados el precio estipulado era de 23.430.000 euros. El contrato firmado ante notario indica que «el precio fijado se verá reducido o aumentando en la misma proporción en que lo fuera el volumen de aprovechamiento» tras la recalificación de la parcela. «Igualmente cualquier otra modificación que mejore la valoración de mercado de los 17.989 metros cuadrados de suelo terciario repercutirá en la misma proporción en el precio a abonar por la cesionaria».
El plan general entró en vigor, el pasado 25 de agosto. Pero este colectivo de empleados todavía no ha visto un duro. Estos trabajadores son titulares de créditos reconocidos por el juzgado de lo Social número 2.