El volumen de sentencias atrasadas de los ocho jueces de lo Social de la provincia se disparó un 40% en el 2009
15 feb 2010 . Actualizado a las 11:23 h.Los ocho juzgados de lo Social de la provincia de Pontevedra acumulan 4.100 pleitos que están pendientes de resolver. La carga de trabajo atrasado creció un 40% respecto al año anterior y bate todos los récords de los últimos quince años. Las estadísticas publicadas estos días por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) relativas al tercer trimestre del 2009 confirman lo que ya todos sospechaban. La crisis económica ha atascado los tribunales que se encargan de dirimir despidos, reclamaciones de cantidades de los trabajadores a sus empresas y conflictos por las cotizaciones de la Seguridad Social.
La reacción del Poder Judicial no se ha hecho esperar. En noviembre envió un sexto juez que reforzará a los otros y el CGPJ se plantea que tenga carácter permanente. Además, ha dotado de una nueva plaza a Pontevedra, que son los juzgados que tramitan los pleitos de los trabajadores y empresas radicadas en los polígonos industriales y constructoras de O Porriño, Mos o Tui, entre otros. Precisamente, las tres salas de la capital provincial son las más atascadas. En el 2008, cada una superó la cifra de 400 casos retrasados mientras que ninguno de Vigo alcanzó los 300. En 30 de septiembre de 2009, la media ya era de 512 por juzgado.
Los ocho magistrados acumulaban en 1995 un total de 1.842 casos atrasados. Son menos de la mitad que en el 2009. Eso no quiere decir que haya descendido su productividad sino que la cifra de casos se ha disparado. Prueba de ello es que la tasa de sentencias dictadas por los ocho jueces laborales en el tercer trimestre del año pasado es de 0,67, doce puntos por encima de la media española. Y su tasa de resolución es 0,69, dos puntos por encima de la media estatal.
Los profesionales resaltan que los juzgados de lo Social son eficientes a la hora de resolver las indemnizaciones por despido, pues Vigo es de los pocos partidos judiciales de España que logra mantener el plazo de 60 días para emitir un dictamen. Si lo supera, el Estado paga la diferencia de los salarios de tramitación. «Hay juzgados de Madrid que tardan un año mientras que Vigo cumple», comentaba un experto laboralista.
La protección social ha sido el salvavidas para muchos desempleados que pleitean por el reconocimiento de derechos o indemnizaciones. «El despido genera automáticamente prestaciones de desempleo, y no hay situación de dramatismo. El drama surge por la incertidumbre por la perdida de trabajo», dice el letrado Matías Movilla.