Los 22 trabajadores de la empresa vitivinícola Adegas Galegas -propietaria de la marca Galiciano- mantienen la guardia permanente durante las 24 horas del día, desde hace ya 3 meses, en las instalaciones de Salvaterra en previsión de un posible desmantelamiento, mientras no se resuelve el proceso concursal.
El desbloqueo de la situación podría llegar mañana mismo, si finalmente a finalmente los administradores se pronuncian a favor de la viabilidad de la empresa, según han explicado fuentes del comité de empresa.
Estas mismas fuentes han avanzado que dos firmas del sector vitivinícola gallego optan a la adquisición de la empresa, aunque con planteamientos diferentes. «Uno de los proyectos plantea la inversión de capital propio y garantiza todos los puestos de trabajo y ese es el que nosotros defendemos», explicaban ayer los representantes de los trabajadores.
La segunda opción que, según fuentes sindicales estaría dirigida por Adegas Val Miñor, descarta la subrogación de la plantilla. «Por lo que sabemos, solo le interesa la explotación de los viñedos», afirman.
Los trabajadores cifren en más de 600.000 euros la cantidad que les adeuda Adegas Galegas en concepto de salarios. Respecto al importe reclamado por los acreedores, las mismas fuentes aseguran que supera el millón de euros.
Adegas Galegas es una empresa de peso en el sector gallego, con productos bien colocados en el mercado bajo las marcas Veigadares, Gran Veigadares, Pedro de Soutomaior y Galiciano.
La facturación anual del último ejercicio ascendió a 2,5 millones de euros, según las cifras aportadas por los sindicatos.
La lucha de los 22 trabajadores de Adegas Galegas empezó en diciembre del 2009, y como resultado de una situación económica que se fue deteriorando con el paso del tiempo. Después de sufrir durante dos años retrasos en el pago de las mensualidades y llevar desde septiembre sin cobrar, decidieron iniciar una huelga.
La medida afectaba a unos doce días al mes, que pasaban en su mayoría al pie de la firma, esperando noticias positivas que nunca llegaron.
La situación se hizo insostenible y los afectados exigían que alguien les aclarase su futuro, en un momento además muy difícil por la crisis general. La falta de respuesta fue la que les llevó a presentar la demanda por rescisión de contrato, con el apoyo de la CIG para poder hacer frente a los problemas legales y económicos.