En los años ochenta, el fútbol español se asomó al precipicio de la quiebra. Entonces, los clubes se endeudaron en más de veinte mil millones de pesetas, en parte debido a las inversiones que se habían realizado en los estadios de cara al Mundial del 82. Tal deuda, una suma muy importante para la época, fue enjugada por el primer plan de saneamiento. Fue en 1985. Los clubes se independizaron de la federación y crearon la Liga de Fútbol Profesional. El nuevo organismo firmó con el Gobierno un acuerdo por el que la deuda se redujo a cero con cargo a los ingresos por las quinielas.
Aquel acuerdo solo sirvió para sacar de un apuro a las entidades futbolísticas. De hecho, poco más de un lustro después, los números rojos alcanzaban los 40.000 millones de pesetas. Entonces, el Gobierno decidió cambiar la estructura del fútbol español con la entrada en vigor de la Ley del Deporte, que obligaba a casi todos los clubes a transformarse en sociedades anónimas deportivas. Al mismo tiempo, se desarrolló el segundo plan de saneamiento. Este acuerdo supuso la cancelación de la deuda, aumentándose sensiblemente el porcentaje de las quinielas, que pasó del 2,5 al 7,5 por ciento.
Casi veinte años después, y con unos ingresos que los clubes jamás soñaron tener, aquellas deudas suenan a un juego de niños. Solo a Hacienda el fútbol español debe 694 millones de euros. Y la deuda total, según el último informe completo que se conoce (correspondiente al año 2009), supera con creces el medio billón de pesetas (3.526 millones de euros).
La conclusión es evidente: cuanto más dinero han tenido los dirigentes, más ha crecido la deuda. Llegados a este punto y amparados en la impunidad de la que siempre han gozado, los clubes exigen al Gobierno más y más dinero y ponen sobre la mesa un insólito plante.
Falta de credibilidad
La exigencia de los presidentes del fútbol español a la hora de pedir prebendas al Gobierno contrasta con la flojera que en el cumplimiento de sus obligaciones que hasta la fecha han mostrado. Los dirigentes no solo han endeudado a sus entidades, sino que han dilapidado todo su crédito como gestores, al tiempo que con sus actuaciones han puesto en cuestión la legitimidad de toda la estructura del fútbol profesional español, empezando por el propio presidente de la Liga de Fútbol Profesional, José Luis Astiazaran, que en su época como presidente de la Real Sociedad no solo contribuyó a la quiebra del club, sino que también estuvo siempre bajo sospecha de una dudosa contabilidad. Según el informe concursal que enjuició la gestión del club vasco, en la Real se mantuvieron «prácticas contables no acordes a principios y normas de general aceptación», que habrían llevado «a falsear las cuentas en unos 20 millones de euros para mejorar la situación económica y financiera de la entidad».
Pero la lista de acciones bajo sospecha de los directivos en España es inagotable. Sin ir más lejos, está por celebrarse el juicio sobre la culpabilidad en la quiebra del Celta, donde los administradores concursales también concluyeron que, con Horacio Gómez de presidente, en el Celta se realizaron prácticas tergiversadoras de la realidad contable del club. En A Coruña, los informes de auditoría sacan los colores una y otra vez a Lendoiro, al tiempo que el presidente del Deportivo está imputado en el caso de la falsificación de la firma del ex auditor. Otros dirigentes están bajo la mirada de la Justicia, como José María del Nido, al que la Fiscalía pide 30 años de cárcel. O Lopera, encausado por apropiación indebida y perjuicios millonarios al Betis. O el caso más significativo del Atlético de Madrid, donde una sentencia judicial resolvió que la familia Gil se hizo con el control accionarial del club mediante una operación ilegal y sin desembolsar dinero. Salvaron la situación porque el caso prescribió.
También están los escándalos del Madrid, con la célebre asamblea del club que le costó el puesto a Ramón Calderón o con un Lorenzo Sanz que en varias ocasiones fue noticia por acusaciones de estafa, o el de Laporta, al que se le ha pedido en Barcelona la acción de responsabilidad social por su gestión gravosa para con el club.
Ayudas públicas
Parte de esos dirigentes desacreditados son los que amenazan ahora al Gobierno con un plante si este no cede a sus exigencias económicas, a pesar del mimo con la que el propio Gobierno y las diferentes Administraciones han tratado a los clubes. A lo largo de los últimos años, las entidades se han beneficiado de numerosos apoyos públicos. El Real Madrid ingresó 433 millones de euros fruto del «favor» recibido por el Ayuntamiento al recalificar la ciudad deportiva. El Valencia, otro club paradigmático de la ruina del fútbol en España, llegó a recibir, gracias a la presión política, 250 millones de euros de préstamos de Bancaja. Getafe y Atlético se han lucrado de importantes dividendos procedentes de TeleMadrid, en operaciones de marcado carácter político. Lo mismo puede decirse de diferentes patrocinios, tanto en Andalucía como en el País Vasco. En Galicia, Deportivo y Celta gozan de estadios municipales de forma gratuita, en los que, además, explotan bajos comerciales. Igualmente, los dos disfrutan de unas instalaciones de entrenamiento que no habrían conseguido de no haber mediado la ayuda pública, en el caso celeste porque son del Ayuntamiento de Vigo y en el blanquiazul porque Abegondo recibió un buen impulso desde la Xunta de Galicia.
Derroche sin fin
Queda claro, pues, que el fútbol siempre quiere más. Y no es de extrañar. El despilfarro está a la orden del día. Y un ejemplo claro es el Real Madrid. En lo que va de siglo, es decir, desde la temporada 2000/2001, la entidad blanca se ha gastado en fichajes más de mil millones de euros, 96 de ellos en la disparatada adquisición de Cristiano Ronaldo. El Barça, en el mismo período de tiempo desembolsó en fichajes 713. Pero no solo gastaron a caño libre los dos grandes trasatlánticos. El Deportivo fichó en cinco años por valor de más de 30.000 millones de pesetas entre el 97 y el 2002. La espiral en la que se metió el fútbol fue tal que se ha encontrado en un callejón sin salida, del que quiere salir de la mano del Gobierno.