Advierten que solo un reparto «razonable» de cuotas evitaría la medida
17 ago 2013 . Actualizado a las 07:00 h.La reforma de la política pesquera común (PPC) y el nuevo fondo europeo marítimo pesquero son las dos patas legislativas que marcarán el sector en la próxima década. En la primera, ya aprobada, el empeño de España logró introducir cierta flexibilidad en el capítulo más controvertido, el de los descartes. Así, el cero total a partir del 2014 terminó en un calendario progresivo hasta el 2020. Donde se consiguió muy poco, por no decir nada, fue en el apartado de cuotas, que siguen estando muy por debajo de las capacidades de la flota.
La Cooperativa de Armadores de Vigo (Arvi) considera vital que se mantengan las ayudas estructurales tanto para desguaces como para las obligadas paradas temporales. «Son absolutamente fundamentales para reestructurar nuestra flota», afirma el presidente de la entidad, Javier Touza, que estima que en un plazo no superior a cinco años tendrá que desguazarse «al menos el 10 %» de la flota de Arvi, 30 de los 300 barcos que la integran. «Con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo que eso implica», dice.
Añade que la medida afectará a todo tipo de embarcaciones, tanto de arrastre como de palangre, de fresco y de congelado. Touza deja claro que el sacrificio de esas unidades no tiene nada que ver con la preservación de los recursos como algunos sugieren -«somos los primeros interesados en defender los recursos», dice-, sino con la negativa comunitaria a revisar el principio de estabilidad relativa, el que rige el reparto de cuotas de los diferentes estados miembros y que no se ha revisado desde que España entró en la UE en 1986.
El gerente de la Cooperativa, José Ramón Fuertes, explicaba hace unas semanas en un artículo en La Voz el problema al que se enfrentan los buques españoles en general y de la organización que representa en particular: «No es verdad que tengamos que renunciar a flota para preservar los recursos. Tenemos que hacerlo porque los Estados que tenían en su mano la posibilidad de revisar la estabilidad relativa se negaron en redondo al hacerlo. Con un reparto razonable y con unos derechos de pesca transferibles la flota española tendría futuro».
Javier Touza señala que otras cuestiones que están teniendo un efecto «muy negativo» son las denuncias de grupos ecologistas sobre el corte de la aleta del tiburón y el arrastre de fondo. Explica que los armadores vigueses son los primeros defensores de las inspecciones, especialmente las relacionadas con la pesca ilegal. Lo que pide es que la normativa de prohibición se aplique «en todas las descargas de todos los puertos de la UE igual que se aplica aquí. Las reglas de juego tienen que ser las mismas para todos. No puede ser que unos países las apliquen a rajatabla, lo cual está muy bien, mientras otros son mucho más laxos en sus exigencias», sostiene.