Ya les hemos dicho claramente a los jóvenes de este país que se vayan. Es lo que el Gobierno, por boca de la ministra de Empleo (?), Fátima Báñez, llama «movilidad laboral». Aquí no hay nada que ofrecerles, salvo la frustración que supone poner sus años de formación al servicio de la nada o las tardes en casa buceando en Facebook. Además, el Gobierno te quita el derecho a la sanidad no urgente si pasas de 26 y nunca has cotizado. Marchaos. Y tampoco es tan mala idea, según muchos. «Son jóvenes», argumentan otros, con esa explicación que sirve para pedirles que hagan las maletas y se marchen a Londres («si no lo haces a tu edad...»), que acepten trabajos sin sueldo («tienes que aprender»), que se conformen con becas de risa hasta los 37 («es que la cosa está muy mal») y que cuando les den una colleja ofrezcan también la frente («no vaya a ser»), por ser suaves. «Son jóvenes». Así que tampoco pasa nada.
Solo en Vigo, por bajar a lo concreto y señalar que aquí también se podrían hacer cosas y no se hace nada -naaaaaada-, hoy habitan 66.548 ciudadanos de entre 15 y 35 años. Hace quince años eran 94.637. El resultado de la resta significa decirle al futuro que se vaya al carallo, a ver si allí encuentra cobijo, porque aquí estamos llenos y ocupados ancheando las aceras.
Ahora, el Gobierno, en esa estrategia de cortarle los frenos al autobús justo antes de subirnos a todos y lanzarnos cuesta abajo, ha decidido que aquellos que pasen fuera de España más de 90 días al año y hayan agotado el paro, perderán el derecho a la cobertura sanitaria. A esos jóvenes a los que empujó a estudiar el bachillerato, la carrera, el máster, los idiomas, a irse de Erasmus y a buscarse la vida fuera. El mensaje es claro: es mejor quedarse en casa de papá y mamá, a velas vir. Lo que hay que hacer es marcharse, pero casi mejor quédate.
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