El concejal Ángel Rivas, imputado por prevaricación y negociaciones prohibidas, alega ante la jueza que eran sus comerciales los que trataban con adjudicatarias del Concello
21 oct 2014 . Actualizado a las 11:22 h.El concejal de Parques y Jardines de Vigo, Ángel Rivas, prestó ayer declaración ante la jueza del caso hormigón como imputado por supuestos delitos de prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios. Se mantiene la sospecha de que aprovechó su cargo para votar en las juntas de gobierno a favor de la adjudicación de obras a empresas constructoras que luego compraban cemento a Hormigones Valle Miñor, firma de la que era apoderado y gerente.
Tanto el edil como el técnico municipal de Fomento, Álvaro Crespo, hicieron sus primeras declaraciones a lo largo de la mañana. El miércoles comparecerán dos ejecutivos imputados de Movexvial. Para el turno de los testigos, entre ellos el interventor y técnicos municipales, todavía no hay fecha.
El edil y secretario de Organización del PSOE vigués fue interrogado durante casi una hora. Negó ante la jueza de instrucción número 1 de Vigo que conociese al detalle los clientes que acudían a Hormigones Valle Miñor, firma de la que, quiso aclarar, no fue socio fundador. «No sé a quién se le vendía el hormigón», señaló a preguntas de la fiscala. El edil alegó que él ejercía «funciones técnicas» en la empresa y que era la red de comerciales la que se ocupaba de tratar con los compradores.
En el interrogatorio le preguntaron por siete constructoras que eran clientes de Valle Miñor. A las preguntas concretas de si condicionó alguna adjudicación del Concello o si presionó a las adjudicatarias para que compraran cemento a su empresa, Ángel Rivas contestó que no.
La Fiscalía también se mostró interesada en el sistema que tenía su departamento para promover los reconocimientos extrajudicial esde crédito (pagos de obras que están fuera de presupuesto y que no van a concurso público porque se consideran urgentes). Rivas justificó la legalidad de las operaciones amparándose en los informes técnicos y jurídicos.
Otra de las claves del interrogatorio era saber si el concejal de Caballero se ausentaba de las juntas de gobierno municipal donde se votaban posibles adjudicaciones a empresas que eran sus clientes. Este alegó que un informe técnico sostenía que su cargo político era compatible con el de empresario.
Al final de su comparecencia, Rivas quiso hacer unas observaciones y dejó caer que la denuncia contra él se debía a una venganza política del exalcalde y compañero de partido Carlos Príncipe. La jueza le cortó y le dijo que él estaba allí en calidad de imputado y que no era el momento de sacar eso a colación.
A la salida, el edil hizo una breve declaración ante la prensa sin responder preguntas. Dijo que había respondido a todo lo planteado por la jueza y la fiscala e insistió en que «ha quedado claro» que todas sus actuaciones se cumplieron dentro de la «estricta legalidad» y siempre «a favor de la ciudad de Vigo». Resaltó que su declaración fue una oportunidad de dar todo tipo de explicaciones. Los nervios le llevaron a cometer gazapos ante los medios de comunicación al fundir las palabras escrupuloso y cumplimiento y pronunciar «escrumplimiento» o decir «sin transgredir» como «sistrasguedir».