Once empresas aspiran a un contrato de 25 millones de euros en 4 años
11 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El segundo recurso presentado por la Asociación Española de Parques y Jardines (Aseja) contra el concurso para el mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad ha indignado al gobierno local. Tanto que, además de rechazarlo, ha pedido al Tribunal Central de Recursos Contraactuales que la multe por «temeridad y mala fe».
Con esta medida, el Concello vigués decide seguir adelante para adjudicar en las próximas semanas un importante contrato cuya tramitación está siendo especialmente polémica por motivos bien distintos. Primero fue una sonada huelga de la plantilla, en noviembre pasado, que consiguió que el gobierno local les garantizara empleo y condiciones salariales con la futura empresa, y después un primer recurso de Aseja para clarificar el número de empleados y sus condiciones, que también fue atendido.
Por ello, cuando el camino parecía despejado, el concejal de Jardines, el socialista Ángel Rivas, se encontró días atrás con un segundo recurso que reclamaba nuevos cambios en el pliego de condiciones. En esta ocasión, la reclamación se produjo cuando terminaba el plazo de presentación de ofertas. Por tanto, la patronal del sector impugnaba las condiciones del concurso municipal y a la vez las empresas asociadas presentaban sus propuestas por si el recurso no tenía éxito.
De la importancia del concurso da idea que se presentaron once ofertas, de ellas seis directamente en el Concello y otras cinco lo anunciaron por fax. Las primeras son SA de Gestión de Servicios y Conservación, Sufisa, Abasa, Orto Parques y Jardines, Elsamex y Constructora San José. Además, se esperaba las llegada de las anunciadas por Gruporaga, Api Movilidad, Cespa (del grupo Ferrovial, actual concesionaria), la unión de empresas Macraut Ingenieros-Sogesel Desarrollo y Gestión-Arcebansa y, por último, Talher.
El recurso de Aseja tuvo entrada en el Concello el 18 de febrero pasado, tres días antes de que finalizara el plazo de presentación de ofertas, y de inmediato se trasladó a los servicios jurídicos para que informaran sobre el camino a seguir. La propuesta de la jefa del servicio de contratación se emitió el 4 de marzo y fue aprobada por el gobierno local a los pocos días para su remisión al Tribunal Central de Recursos Contraactuales, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda que tiene la última palabra.
La petición municipal es que inadmita e incluso que vaya más allá y sancione a la patronal por interponer un recurso que «carece de fundamentación y recae sobre una materia ya recurrida». El gobierno local considera que se pretende «dilatar innecesariamente el período de licitación del contrato y con ello su adjudicación, lo cual ocasiona perjuicios a la Administración municipal». Según el informe, el contrato vigente se encuentra en la última prórroga y finaliza el 30 de abril «y en caso de no poder formalizar el contrato con carácter previo a esa fecha el servicio quedaría sin cobertura».
Otras consecuencias que no se mencionan es que el 24 de mayo se celebran las elecciones municipales, por lo que si se aplaza el contrato se encargaría de su adjudicación la próxima corporación. Hasta ahora el gobierno local no tuvo mucha prisa: agotó las prórrogas y pasados varios meses de la última, en septiembre pasado, inició el proceso, aunque no contaba con la sucesión de imprevistos que surgieron.
La plantilla atronó dos semanas la Praza do Rei y logró garantías de trabajo y salario
La plantilla de Cespa advirtió al gobierno de Abel Caballero en octubre pasado que el pliego de condiciones para la concesión del mantenimiento de las zonas verdes no garantizaba la subrogación de los 110 trabajadores ni tampoco el mantenimiento de sus salarios. El concejal Rivas insistió en que no era así y, cuando empezaron las movilizaciones, aceptó recibirlos pero no hubo acuerdo.
Ante ello, los trabajadores convocaron una huelga tras una semana de concentraciones diarias ante el Concello utilizando sus días de asuntos libres. Provistos de bocinas y de un artefacto casero que provocaba un ruido infernal, amargaron la jornada de trabajo a funcionarios, visitantes del Concello y a los policías encargados de vigilarles.
Finalmente, tras casi dos semanas de conflicto, Rivas y Caballero dieron su brazo a torcer. Aceptaron modificar el pliego de condiciones de acuerdo con las demandas de la plantilla, lo que implicó el primer parón del concurso.
Unas semanas después, tras la publicación del segundo pliego de condiciones, la patronal Aseja presentó su primer recurso al considerar que no estaba claro cuántos trabajadores componían la plantilla ni sus condiciones salariales. El Tribunal de Recursos Contractuales aceptó la demanda y el gobierno municipal tuvo que reelaborar por segunda vez un pliego que parece gafado.
Tras ello se inició un nuevo proceso que, cuando estaba en fase avanzada, soporta un segundo recurso de Aseja que el Concello ya no está dispuesto a aceptar y que califica de temerario y dañino para los intereses municipales. En principio el proceso sigue adelante salvo que el tribunal mencionado diga lo contrario.