La Xunta anuló todo el planeamiento hace 24 años, lo mismo que ahora acaba de hacer el Tribunal Supremo
09 dic 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Era también lunes, día de la semana en el que, por lo que se ve, suelen producirse este tipo de hechos. El 16 de septiembre de 1991 se confirmaba la suspensión del Plan Xeral de Ordenación Urbana de la ciudad. Una decisión adoptada por el conselleiro Xosé Cuiña, número dos de Manuel Fraga, y era alcalde el socialista Carlos Príncipe. Esta vez el lunes elegido ha sido el pasado 30 de noviembre del 2015 y la anulación corrió a cargo del Tribunal Supremo.
La conmoción, como entonces, fue monumental. A diferencia de la etapa actual, gobernaba un tripartito (PSOE, PSG-EG y BNG) lo que obligaba a consensuar las decisiones para resolver la crisis. De hecho, el concejal de Urbanismo era el nacionalista Xesús Costas.
La situación urbanística de aquellos tiempos nada tiene que ver con la actual. La corporación había aprobado en 1988 el primer Plan Xeral de la democracia, pero en 1990 fue modificado de improviso por decisión del alcalde Manuel Soto con el argumento de adaptarlo a la ley del suelo. La medida, de la que solo supo la oposición solo cuando fue a pleno, incluía notables recalificaciones, lo que generó una enorme polémica.
Lo que hizo Cuiña fue anular la orden de aprobación de esta adaptación y forzar la elaboración de un nuevo planeamiento. De inmediato, el gobierno local acordó con la oposición popular un sistema de trabajo para completar el proceso en seis meses. La cosa no fue tan rápido como deseaba el Concello, pero nada que ver con el Plan Xeral que ahora ha sido anulado y que precisó 8 años y cuatro alcaldes para su aprobación.
En total, se empleó año y medio, un plazo que se hizo largo a los redactores y a todos los implicados, pero que ahora firmaría cualquiera de los protagonistas de la crisis que vive la ciudad. Fue poco tiempo, visto con perspectiva, pero muy intenso y crispado pese al consenso.
Solo así puede interpretarse que fuera aprobado por 26 de los 27 concejales (el del 2008 tuvo un tanteo ajustado, 14 a 13). Sin embargo, fue cuestionado casi desde el principio, sufrió numerosas sentencias contrarias contra proyectos concretos, y ya el siguiente alcalde, Manuel Pérez (1995/98) se planteó elaborar un nuevo documento. Aunque tenía mayoría absoluta no pudo llevarlo a cabo, pero su sucesor, Lois Castrillo (BNG), inició la elaboración del ahora anulado.
Como ocurre en la actualidad, la posibilidad de que se reclamaran indemnizaciones se planteó de inmediato. El edil de Urbanismo consideraba ese 16 de septiembre que deberían correr a cargo de la Xunta «por su tardanza en resolver el recurso» que lo tumbó.
La anulación del plan del 90 supuso volver al anterior, el del 88, vigente solo dos años. El tripartito municipal, pese a sus discrepancias con las recalificaciones, interpretó la medida como un intento de desestabilizarlo. Cabe recordar que Manuel Pérez estaba en la oposición con 13 concejales frente a los 14 del gobierno. En el 95 se resarciría y obtendría mayoría absoluta.
Antes de suspender el plan Cuiña había mandado recados como la anulación de una de sus propuestas más polémicas, la unidad de actuación Pizarro. Preveía una enorme recalificación y había generado intensos debates ciudadanos y políticos, y una asociación de afectados. Después, suspendió la unidad de la Marina Española y finalmente todo el plan. 24 años después, la historia se repite.
Ganan los afectados de la Ronda
La anulación del Plan Xeral sigue teniendo consecuencias. Los afectados por la Ronda de Vigo habían recurrido igualmente al Supremo para anular la construcción del vial destinado a conectar las parroquias que tantos sarpullidos había provocado. Ahora acaban de saber que lo han conseguido y el tribunal, además, utiliza el fallo para ratificar la anulación de todo el planeamiento en su conjunto.