La asociación Defensa de Vigo dice que se reserva la posibilidad de acudir a los juzgados por supuestos delitos de prevaricación y malversación
09 nov 2016 . Actualizado a las 12:21 h.La Asociación en Defensa de Vigo (ADEVigo), presidida por el exalcalde de la ciudad Carlos Príncipe, ha presentado un recurso de reposición ante el Ayuntamiento para pedir que se anule el acuerdo de la Junta de Gobierno Local sobre la contratación de las obras de reforma de la grada de Río, en el estadio municipal de Balaídos.
En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la asociación advierte de que el expediente aprobado es «contrario a derecho», ya que el gobierno local incumple varios puntos del convenio con el Real Club Celta. Así, expone que existe una cláusula en la que se precisa que el acuerdo debe ser revisado en lo que respecta al contenido económico, cuando la Sociedad obtenga beneficios económicos.
ADEVigo entiende que eso no supone, en ningún caso, «disponer un gasto de más de seis millones de euros» (el coste de la obra de reforma de la grada de Río), cuando hay necesidades «más apremiantes» en la ciudad.
Del mismo modo, señala que el Ayuntamiento debe ejecutar «inmediatamente» la cláusula de salvaguardia, que establece la revisión del convenio si hay cambios importantes en la propiedad del club, como parece que puede ocurrir, para evitar que «se estén regalando a inversores extranjeros más de seis millones de las arcas municipales».
Sin justificación
Por otra parte, en su escrito, esta organización subraya que, en los informes y documentos del expediente, «no existe una sola referencia a la necesidad de las obras, su urgencia, o su justificación». En su exposición de motivos, ADEVigo señala que las obras «quedan muy lejos de los criterios de necesidad, eficacia y servicio a los intereses generales».
En todo caso, la asociación se reserva el derecho de acudir a los juzgados por este acuerdo, cuya anulación reclama en el recurso, y es que considera que el acuerdo impugnado «pudiera ser constitutivo de un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos».