Una comunidad de la zona de Travesía vive un calvario por la falta de intervención de los servicios sociales. Algunos inquilinos se han ido
24 oct 2018 . Actualizado a las 08:19 h.Los vecinos del número 7 de la calle Rosario están desesperados. Llevan más de seis años denunciando los olores que salen de un piso y nadie les hace caso. Sus denuncias se han dirigido al Concello, Policía Local, Policía Nacional, servicios sociales municipales y Hacienda. Temen que el hombre que vive en la vivienda de la que proceden los olores tenga síndrome de Diógenes a juzgar por la cantidad de objetos acumulados que han podido observar por las ventanas cuando estaban subidas las persianas. El patio es otra muestra de acumulación y desorden que se observaba ayer mismo. Muchos inquilinos optaron por abandonar los pisos al no soportar los olores.
Según relata el presidente de la comunidad de vecinos, Manuel Méndez, el hombre heredó el piso de una señora en el 2012 al morir esta, aunque, dice, han comprobado que aún no está registrado y carece de suministro de electricidad y agua. También han podido saber que tiene en torno a 74 años, cobra una renta de integración social (risga), le han visto en los comedores sociales y con anterioridad vivía en una cabina de camión en Marqués de Alcedo.
Tras intentar hablar con él y comprobar que no se avenía a razones, Méndez inició un periplo de denuncias y burofaxes teniendo que escuchar todo tipo de disculpas para dejar el problema a su suerte. Unas veces, la policía no pillaba al denunciado en casa o se encontraba con que no le abría la puerta. En otra ocasión, dice, los agentes llegaron a comentar que si el hombre no les abría, no podían hacer nada, porque cada uno en su casa hace lo que quiere. «La fiscalía me pidió que presentara un escrito diciéndole dónde se le podía localizar, pero es muy difícil, porque de día no suele estar y cuando viene por la noche no abre», explica Manuel Méndez.
Al problema de los olores se suma el de impago de la comunidad de vecinos y de otros gastos extraordinarios como la inspección técnica del edificio. La comunidad tuvo que reclamarle un primera deuda de 1.453 euros y pagar 850 de abogado. El deudor la abonó a plazos. Ahora han tenido que contratar a otra abogada para iniciar un segundo proceso y reclamarle 7.478 euros de la comunidad y la ITE. «Yo antes tenía tiempo para gestionarlo porque era desempleado, pero ahora tengo trabajo y no puedo dedicarle todo el día», se queja el presidente de la comunidad.