La mujer asegura que la relegaron y que tenía que ir al servicio de hombres, porque no le dejaban ir al de mujeres
29 ene 2019 . Actualizado a las 13:19 h.El Tribunal Supremo ha confirmado la multa a una empresa viguesa que fue sancionada con 20.000 euros por la inspección de Trabajo por el acoso laboral a una embarazada durante diez años, según la abogada Patricia Mariño que defendió a la trabajadora, Patricia Estévez. Esta recibió una indemnización de 3.000 euros.
Estévez relató ayer que entró en la empresa Termocalor de O Porriño en el año 2004. Tres años después se quedó embarazada de su primer hijo y comenzaron loas problemas. Trabajaba en el departamento de facturación y la destinaron a un «cuartucho con el ordenador más viejo», según sus propias palabras. Luego tuvo un segundo embarazo y continuaron las prácticas que ella consideró vejatorias. Así «no podía ir al baño de mujeres y tenía que acudir al que tenían los hombres para cambiarse». Además, su superior no la llamaba por su nombre.
La abogada Patricia Mariño aseguro que esto le ocurrió por el simple hecho de ser mujer y querer tener un hijo.
La sentencia del Supremo señala que el demandante «fue sancionado por su conducta mantenida a lo largo del tiempo con la trabajadoras, que es constitutiva de acoso moral o mobbing». El fallo del Supremo recoge que los daños psíquicos se han acreditado con la baja médica que diagnostica un estado de ansiedad y «consta igualmente que su integridad moral ha sido atacada de modo reiterado y de forma sistemática, con menoscabo de su dignidad profesional y personal y la vulneración de sus derechos».
Mercedes Domínguez, responsable de Industria de la CIG en O Porriño, subrayó que muchas mujeres sufren discriminación y acoso por estos motivos y ha hecho un llamamiento a la movilización en el próximo 8 de marzo.
Este periódico se puso en contacto con la empresa para conocer su versión de los hechos y confirmaron la existencia de la sentencia del tribunal, sin entrar a valorarla.