Silva se ve víctima de «una campaña del PP» tras la condena por el enchufe

Luis Carlos Llera Llorente
Luis Carlos Llera VIGO / LA VOZ

VIGO

En el 2015, Carmela Silva sí compareció en la Comisión de Presupuestos del Parlamento
En el 2015, Carmela Silva sí compareció en la Comisión de Presupuestos del Parlamento SANDRA ALONSO

Los populares piden un pleno extraordinario y su dimisión por el caso de la cuñada

13 feb 2019 . Actualizado a las 22:15 h.

La presidenta de la Diputación y teniente de alcalde de Vigo, Carmela Silva, se desvincula de cualquier responsabilidad por el enchufe a su cuñada en el Concello vigués. Ayer recordó que no estuvo ni imputada, ni investigada y «ni siquiera» llamada a declarar como testigo. Así se defendió la número dos del gobierno local de la petición del PP de que dimita después de que el juez haya condenado al jefe de servicio de Participación Ciudadana, el funcionario Francisco Gutiérrez Orúe, militante del PSOE, a cinco años de prisión por enchufar a Vanesa Falque.

Silva avisó de que no volverá a hablar del tema porque «los juicios paralelos son algo propio del fascismo». Retó a quien dude de su honorabilidad y de su «intachable» trayectoria política: «Ya sabe adónde tiene que ir y allí nos vemos».

La condena fue dictada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, un tribunal compuesto por tres jueces. Aun así, Silva cargó contra el PP y aseguró que está desarrollando una estrategia de difamación. Acusa al partido conservador de usar «mentiras tóxicas», para «acabar con el adversario político» como si estuviesen en una «campaña bélica».

Según Silva, esta línea se ideó en los «despachos oscuros» del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, y del presidente del PP de Pontevedra, Alfonso Rueda, porque «están desesperados» ante la previsión de caída electoral «y les vale todo». «Esta estrategia es terrible y propia de gente que tiene poca calidad democrática», añadió la presidenta de la Diputación pontevedresa.

«Nosotros siempre cumplimos las leyes». Así de tajante se mostró el alcalde de Vigo Abel Caballero, cuando le preguntaron por la sentencia. La oposición ha pedido la dimisión del concejal de Empleo, Santos Héctor, y el PP también la de Carmela Silva, pero el regidor respaldó a su equipo asegurando que el gobierno respeta la legalidad. No obstante, Caballero, no quiso entrar a valorar la sentencia que afecta a uno de los jefes de servicio, Francisco Gutiérrez Orúe, nombrado para este cargo en medio de una gran controversia que llevó a Marea de Vigo a denunciar su nombramiento ante los tribunales.

La portavoz del PP, Elena Muñoz, exigió un pleno extraordinario para debatir el caso y cree que el fallo demuestra que existe corrupción política en el Ayuntamiento de Vigo y el de Marea, Rubén Pérez, pide que se revisen todos los expedientes de contratación en los que intervino el alto funcionario a lo largo de ocho años.

Gonzalo Caballero y Príncipe

La plataforma Xuntos, que ejerció la acusación popular en el caso del enchufe de la cuñada de Carmela Silva, asegura que toda la información en la que se basó su denuncia partió del seno del PSdeG, y apuntó a su actual secretario general, Gonzalo Caballero. El portavoz de la plataforma Xuntos Galicia, Carlos González Armada, que ahora está en Podemos, detalló en una conferencia de prensa que militantes socialistas fueron los que aportaron información sobre el enchufe de Vanesa Falque en los centros cívicos que gestionaba Imesapi y de muchos otros que la Fiscalía de Vigo «no quiso investigar». Fue a raíz de su denuncia pública cuando se puso en contacto con Xuntos el exalcalde socialista de Vigo Carlos González Príncipe, quien les aportó información.

Carlos González Armada supo «de oídas» que entre los informantes se contaba el actual secretario general de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, por entonces uno de los conocidos como socialistas críticos del PSOE vigués.

Por eso, el portavoz de Xuntos deduce que «las tramas» a las que alude la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, «las tiene en su casa». No tiene intención de recurrirá la sentencia de la Audiencia de Pontevedra, que condena a cinco años y tres meses de cárcel a Orúe porque no tienen «ningún interés personal» en que este «pase más ni menos años» privado de libertad.