El servicio de Consumo de la Xunta advierte a los usuarios que las reclamaciones de firmas que tienen la sede fuera de España o la Unión Europea no se pueden resolver
16 mar 2019 . Actualizado a las 05:00 h.Al Instituto Galego de Consumo e da Competencia, ubicado en la sede de la Xunta de Galicia en Vigo, llegan reclamaciones de todo tipo y resuelve en torno a un 80 %, según indica el jefe del servicio de la oficina de Vigo y su área, Alfonso Diéguez. El mayor inconveniente lo presentan las compras on line, cada día más numerosas. «Tenemos bastantes reclamaciones de compras por Internet, tienen un riesgo enorme y la mayoría hay que archivarlas porque los usuarios no se fijan dónde están comprando. Si es fuera de la Unión Europea, inclusive de España, no tenemos competencia», indica el responsable de Consumo en Vigo y provincia. Por poner un ejemplo cita Amazon, que, dice, puede vender productos propios, pero también de un tercero al que se le paga y que en la mayoría de los casos está en Hong Kong, Colombia, Venezuela, Hawái... Si llega el producto y no está en condiciones, no se puede hacer nada.
Un caso que recuerda Diéguez es el de la plataforma de venta de entradas Viagogó. «Tiene su sede en Suiza y Estados Unidos y no podemos resolver las reclamaciones que nos entran en el ámbito administrativo, las tenemos que cerrar», apunta. Advierte a los usuarios de que no todas las compras on line son legales y que, por tanto, se fijen bien si hay una dirección, un teléfono y un CIF. Su recomendación pasa por comprar en empresas que estén ubicadas como mínimo en España, ya que de esta forma Consumo puede solicitar colaboración a otras autonomías.
Alfonso Diéguez: «Hemos sancionado a supermercados por cobrar el papel como si fuese embutido y lo cambiaron»
Habitualmente las reclamaciones más numerosas se centran en cuatro o cinco sectores, aunque a veces se dan algunas curiosas. «Una usuaria fue a diferentes supermercados y comprobó que en algunos le cobraban el peso del papel en el que le envolvían el embutido como si realmente fuese embutido. Tenía razón, tienen que cobrar lo que compras y lo han corregido, porque les hemos sancionado. Aunque sean 0,015 gramos, es sumatorio y desde el punto de vista legal no es lo correcto. Algunos supermercados e hipermercados lo hacen muy bien», indica el jefe de servicio de Consumo, dependiente de la Consellería de Economía, Emprego e Industria.
No se cansa de alertar sobre el peligro de las compras por teléfono o a domicilio, más frecuente en el ámbito rural y también entre personas mayores. «Venden vajillas, colchones con características terapéuticas... Es importante transmitir que antes un documento iba a misa; ahora no es así, se ha mejorado y no es sinónimo de cumplirlo. Puede haber cláusulas abusivas y no tener validez legal. Hay reclamaciones en las que parece que el consumidor no tiene razón, pero las analizamos en conjunto», apunta.
Últimamente proliferan empresas con teléfonos 902 de atención al ciudadano con coste superior al normal. «Es un sistema perverso que repercute en el consumidor. Hemos obligado a un establecimiento a poner 986 en Vigo. A Aqualia le abrimos un expediente sancionador y le obligamos a poner teléfono gratuito», indica Alfonso Diéguez.
En el caso de Consumo, es de los pocos servicios que aún funciona con teléfono gratuito. El 900 231 123. También se puede acceder por vía telemática.
300 expedientes sancionadores en el último año
Consumo abrió el pasado año 314 expedientes sancionadores a empresas por vulnerar los derechos de los usuarios. Fueron 34 más que el año anterior, pese a haber menos reclamaciones. Las consultas en el 2018 sumaron 8.525 y en dos meses y medio del actual suponen 1.697 y 885 reclamaciones, lo que indica el uso que hace la población del servicio. El plazo para presentarlas es de 4 años.
Más reclamaciones de telefonía y menos de energía
En el 2018 las reclamaciones cursadas por los vecinos de Vigo y su área fueron 3.635, casi 400 menos que en el año anterior, cuando sumaron 4.031. El descenso tiene que ver con la práctica desaparición de las quejas por el transporte de ría a las Cíes, que en el 2017 se habían disparado por superar el cupo permitido. También se habían registrado las relativas al trucaje de motores en algunos vehículos. Otro dato que podría influir es el descenso de reclamaciones del sector energético, que bajan de 471 a 383. «Año tras año se hacen esfuerzos a base de medidas coercitivas para corregir detalles de facturaciones superiores o cortes de energía. Ahora se hace cumpliendo la normativa».
Sin embargo, las denuncias por la telefonía no solo siguen estando a la cabeza, sino que pasan de 1.146 a 1.269. Lo único positivo es que la mayoría de las compañías están en el sistema arbitral de Consumo, lo que facilita los acuerdos. Aparecen en los primeros puestos Turismo y ocio e industrias manufactureras.