El juez permite la subasta de Vulcano a la que se opone López Veiga

Luis Carlos Llera Llorente
luis carlos llera VIGO / LA VOZ

VIGO

López Veiga, en una visita a Vulcano
López Veiga, en una visita a Vulcano cedida

La Federación de Usuarios dice que no hay transparencia en las adjudicaciones

01 jul 2020 . Actualizado a las 05:00 h.

El juzgado de lo mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, ha ratificado que la subasta de Factorías Vulcano sigue adelante, en un auto emitido este lunes. El Puerto había solicitado el pasado 11 de mayo que se suspendiese hasta que el Consejo de Estado no emitiese un dictamen sobre el plan de liquidación. Pero el juzgado no ha admitido esta petición y deja claro que ya existía una resolución de la Audiencia Provincial del 15 de abril que daba vía libre a la subasta, en contra de las pretensiones del presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique López Veiga.

Desde el pasado diciembre la Autoridad Portuaria ha intentado parar la subasta de los terrenos del astillero Vulcano. Varias empresas han mostrado su interés por continuar la actividad en él, entre ellas Vicalsa, pero López Veiga se resistía a mantener la actividad industrial ya que considera que pueden tener cabida otras actividades relacionadas con la logística portuaria. De hecho, llegó a recurrir la sentencia que validaba la venta de los terrenos de Vulcano, después de haber dicho públicamente que la acataría.

Pero este ámbito también es objeto de polémica. La Federación de Usuarios del Puerto de Vigo arremetió ayer contra la Autoridad Portuaria por las últimas concesiones aprobadas por el consejo de administración en el que ellos no están.

En los últimos tiempos se concedieron a Kaleido unas carpas desmontables que ocupan una superficie aproximada de 4.000 metros. También en la última reunión del consejo de Administración se aprobó a favor de esta empresa una concesión de 49.000 metros, «lo que supone retener o hipotecar un espacio muy relevante por unos 35 años, prorrogable por 15 años más». «Estas aprobaciones se han realizado sin un cumplimiento efectivo de los principios de información, transparencia, publicidad, igualdad de oportunidades, libre competencia».