La Sareb evaluará los daños para decidir si concluye la obra o la vende como está
03 nov 2020 . Actualizado a las 01:35 h.Agentes de la Policía Nacional desalojaron este lunes, con el apoyo de una empresa de seguridad privada, a más de una decena de los okupas que hace meses habían tomado por completo un edificio en la Gran Vía de Vigo. El inmueble, cuyas obras estaban pendientes de rematar, había salido a subasta el año pasado por más de doce millones de euros. Nadie pujó por el lote y se encontraba en estado de abandono, que fue aprovechado por personas sin hogar que encontraron allí un lugar donde vivir. Lo que iba a ser un edificio de lujo para 26 pisos, cinco trasteros, 20 plazas de garaje y tres locales comerciales acabó convirtiéndose en un reducto marginal en pleno centro de la ciudad, a dos manzanas de El Corte Inglés.
Los okupas abandonaron pacíficamente el edificio cuando fueron requeridos por la policía, que acudió en cuatro furgonetas blindadas. Una comisión judicial se presentó en el lugar para cambiar las cerraduras en todas las plantas.
Algunos de los desalojados comentaron que llegaron a ser entre veinte y treinta okupas en el inmueble. Muchos de ellos entraron durante el confinamiento decretado en marzo. Uno de ellos mostró a su salida un contrato de trabajo para demostrar que se había quedado sin empleo en esa época. Recogieron sus escasas pertenencias y se marcharon del lugar sin tener claro dónde dormirían esa noche. Una de las desalojadas tuvo que ser atendida en una ambulancia tras sufrir una crisis de ansiedad.
Los sintecho se quejaron de que no se les hubiese avisado con antelación de la orden de desalojo para poder encontrar otra solución habitacional. «¿Quién nos va a alquilar algo en esta ciudad», protestaba uno de ellos. «Me quedo en la calle con mi perro y una depresión bipolar», afirmaba otro de los okupas, de 29 años de edad, que hace meses se vio en la calle para cumplir una orden de alejamiento de su anterior pareja. Algunos de ellos son toxicómanos. Tras marcharse del lugar, tenían intención de acudir a protestar a la sede de la Xunta e incluso acampar allí para reclamar una vivienda.
El inmueble está situado en el número 54 de la Gran Vía, muy cerca de la plaza de España y en sus inmediaciones hay otras viviendas antiguas que se encuentran okupadas. La asociación de vecinos y el grupo municipal del PP demandaron hace unas semanas que se incrementase la vigilancia, puesto que aseguran que durante los últimos meses se han multiplicado los problemas de delincuencia y las peleas en la calle, que obligan a intervenir a las fuerzas del orden casi a diario.
Malas condiciones
Denunciaron las condiciones insalubres en las que vivían dentro del edificio de Gran Vía, rodeados de basura e incluso animales muertos. Habían advertido de que podían ocurrir incidentes por las malas condiciones en las que estaban viviendo, como efectivamente acabó sucediendo. Un ciudadano portugués de 55 años que se encontraba en estado de ebriedad falleció hace un mes tras perder el equilibrio al subir por las escaleras y desnucarse. El informe policial concluyó que la muerte había sido producto de una caída accidental.
La Sareb señala por su parte que instó el proceso judicial el pasado viernes tras hacerse legalmente con la titularidad del edificio, capitalizando la deuda que la promotora del inmueble dejó a Bankia.
Ahora, lo primero que hará el organismo que ha asumido los activos tóxicos inmobiliarios del sistema financiero español, es valorar los daños que ha sufrido el edificio y estimar el coste que supondría arreglarlo. Una vez conozca el importe, desde la Sareb indican que decidirán si acometen la conclusión de la promoción, tratan de venderla tal y como está u optan por una vía intermedia, que señalan que consistiría en concluir los espacios comunes, dar la posibilidad a los compradores de rematar los pisos que compren y acometer desde la sociedad semipública el resto. «Se hará lo más eficiente», señala una portavoz, que reconoce que el caso de Gran Vía 54 ha destacado por su conflictividad entre la cartera de sus propiedades tomadas por okupas.