La nueva sentencia contra el Concello del Vigo es firme
15 ene 2021 . Actualizado a las 17:07 h.La gestión municipal de los bomberos de Vigo sigue acumulando sentencias judiciales contra el Ayuntamiento. La última recuerda a la Concejalía de Seguridad Ciudadana que los funcionarios destinados en los parques de bomberos tienen derecho a la huelga, igual que cualquier trabajador. El fallo, de la sección primera del Contencioso-Administrativo del TSXG, es firme y abre un horizonte incierto en este departamento. Lo primero por ser la segunda sentencia firme que desmonta la política laboral aplicada primero por Carlos López Font, cuando era edil, y continuada por su relevo, Elena Espinosa, actualmente al frente de la concejalía.
Ambas sentencias firmes están directamente relacionadas. La primera tumbó el decretó esclavista impuesto por el Ayuntamiento a los bomberos, hasta el punto de obligarlos a trabajar en días libres. Los trabajadores, en respuesta, plantearon una huelga como medida de presión, pero los servicios mínimos diseñados por los responsables de los bomberos eran iguales a los ordinarios. Por lo que la huelga, realmente, era irreal. En parte también por la falta de personal y la imposibilidad garantizar el derecho a la huelga.
Aquella situación motivó que la CIG presentara una demanda de la que ahora se conoce el fallo firme. «Temos que indicar a importancia da sentenza que permite exercer a todos os bombeiros o seu dereito a folga. Indicar que á pregunta directa, a concelleira de Seguridade (Elena Espinosa) dixo textualmente que ‘‘dos temas xudicializados non fala’’, cando o que teñen que cumprir son sentenzas firmes e se non o fan incorren nun delito de desobediencia ante as autoridades xudiciais”. Este Gobierno local, añade Ucles, presidido por Abel Caballero está «fora da lei coa complicidade da xefatura de bombeiros. Cando as administracións deben dar exemplaridade garantindo os dereitos dos traballadores. A realidade é que poñen en risco a toda a cidadanía de Vigo».
Las acusaciones del portavoz sindical se sustentan en hechos incontestables que, por ahora, el Ayuntamiento sigue sin explicar públicamente. ¿Cómo es posible que una Administración pública sea condenada en firme por imponer a los funcionarios un decreto que los obliga a trabajar en días libres y seis meses después la sentencia siga sin ejecutarse? La otra gran pregunta plantea cómo se ha podido llegar a esta situación de precariedad laboral, atentando contra el derecho huelga, en un gobierno socialista.