El afectado denuncia al promotor Carlos Rocha, condenado por blanqueo
28 may 2021 . Actualizado a las 00:28 h.Un ciudadano compró un piso en O Berbés sobre el que pesaba un expediente de reposición de la legalidad urbanística y, al cabo de seis meses, le llegó una orden de derribo.
El afectado ha denunciado por estafa a un conocido promotor inmobiliario, Carlos Rocha Portela, que fue condenado en 2015 por blanqueo de capitales y que, en este caso, ejercía como apoderado de Inversiones Dimadeos, la sociedad a la que compró el piso. También están siendo investigadas por este delito otras personas que intervinieron en la operación, como un administrador y la agente inmobiliaria que medió en la compraventa.
El objetivo de la demanda, además de la depuración de las responsabilidades penales, es la anulación de la venta del piso, la devolución al comprador del dinero que pagó por él y que no tenga que hacer frente a la demolición.
La persona presuntamente engañada adquirió la vivienda el 17 de abril de 2019. Un mes antes, la Gerencia de Urbanismo había abierto un expediente de reposición de la legalidad urbanística por la ejecución de obras sin licencia en el edificio. La irregularidad consistía en haber ampliado sin permiso las dos últimas plantas del inmueble. A finales de octubre de aquel año, dictó la orden de demolición al considerar que las obras no eran legalizables. Suponían un aumento de volumen no permitido por la ficha individual del Pepri del Casco Vello. A pesar de ello, la promotora seguía publicitando las viviendas en portales inmobiliarios.
El Concello no formalizó una anotación preventiva en el Registro de la Propiedad cuando abrió el expediente de reposición. En la nota simple extendida por el Registro días antes de la venta del piso no constaba la apertura del expediente, por lo que el comprador pudo no tener conocimiento de que le estaban vendiendo una vivienda ilegal. La anotación preventiva tardó en llegar hasta enero de 2020, cuando la orden de derribo ya había sido dictada.
El afectado pleiteó contra el Concello para tratar de anular la orden de derribo, pero una sentencia reciente del juzgado de lo contencioso número 2 de Vigo ha desestimado su recurso. Carlos Rocha Portela fue uno de los testigos que declararon en el juicio. Afirmó que cuando Inversiones Dimadeos compró el piso a Residencial Berbés ya estaba terminado y que hicieron una obra de distribución según proyecto y con licencia municipal. Dijo que es promotor y que recurrió el procedimiento administrativo porque no querían que el comprador tuviese problemas y que, además, le dio una copia del recurso en ese momento, según se recoge en la sentencia.
El afectado no ha conseguido por la vía administrativa nada «más allá de la queja por su infortunio y de las posibilidades de éxito de las acciones que emprenda o haya emprendido ya frente a quienes le vendieron el piso objeto del expediente de reposición de la legalidad». El caso no ha tenido recorrido judicial en la vía administrativa porque no hay ninguna discusión en cuanto a la ilegalidad de las obras ejecutadas y la procedencia del expediente que abrió el Concello.
El juez se ampara en que la Ley de Suelo de Galicia estipula que el nuevo propietario mantiene los mismos derechos y deberes urbanísticos. Con la firma de las escrituras declara conocer la situación del inmueble y exonera al vendedor de los vicios o defectos ocultos.