El patrimonio teóricamente protegido de Vigo y su área sufre alteraciones y falta de mantenimiento
02 sep 2021 . Actualizado a las 17:14 h.¿Para qué sirve un bien de interés cultural? La pregunta es obligada viendo el estado actual del castro de O Facho de Cangas, del monasterio de Oia, del petroglifo de Gondosende en Teis o el extraño fin que tendrá la fachada de la antigua estación de ferrocarril de Vigo. Y se podrían poner más ejemplos de la escasa protección real que presentan los BIC.
La conservación de los inmuebles BIC que marca la ley recae en los propietarios, que no siempre disponen de recursos para hacerlo. Más incomprensible es que no se haga efectiva cuando es la propia administración pública la propietaria del bien catalogada, como ocurre con la plaza de O Berbés, donde se ha perdido todo el carácter peculiar del barrio por distintos motivos, o con el abandono que sufrió a finales del siglo pasado la antigua estación de Renfe (el gobierno local ha decidido recuperar solo la fachada).
Solo en la ciudad de Vigo hay cerca de una veintena de estos elementos catalogados por la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia. De hecho, todo el Casco Vello tiene esa consideración desde el año 2006. Además, también lo son todos los hórreos construidos antes de 1901, los petroglifos, los escudos y piedras heráldicas y las manifestaciones de arte rupestre.
La normativa indica que pueden tener esa consideración aquellos bienes y manifestaciones inmateriales que, por su carácter más destacado, sean declarados como tales por ley o mediante decreto del Consello de la Xunta, a propuesta de la consellería competente. «Es un proceso complejo», señala Carlos Enrique Fernández Coto, presidente de la Asociación de Defensa del patrimonio Cultural Gallego. «Requiere alrededor de dos años de tramitación y varios informes, tanto de la propia Xunta como de entidades externas, como la universidad o la Academia de Belas Artes», añade. Y ese largo proceso no siempre tiene como final la concesión de la denominación. Le ocurrió hace años al edificio que sirve de sede al Real Club Náutico, obra de los arquitectos Francisco Castro y Pedro Alonso. Desde la Consellería de Cultura se apuntó entonces a que carecía de la suficiente singularidad arquitectónica para llegar a ser un bien de interés cultural. Por ejemplo, y sin salir de Vigo, la iglesia de Santiago de Bembrive es BIC, pero la de Santa María de Castrelos no lo es por la misma razón que el Náutico, aunque también hubo movimientos oficiales para conseguirlo.
Hay ocasiones en que la obtención de la calificación de BIC sí salva un inmueble. Ocurrió en Vigo en 1990. El gobierno municipal de entonces, presidido por el alcalde Manuel Soto, tuvo la idea de derribar el edificio de los antiguos juzgados para encargarle una plaza pública al arquitecto catalán Ricardo Bofill. La calificación impidió la operación y hoy en día el edificio acoge el Museo de Arte Contemporánea de Vigo. Aquel expediente fue impulsado por el arquitecto e historiador Jaime Garrido.
Cuando se apruebe definitivamente, el Plan Xeral de Vigo deberá incluir un nuevo BIC respecto al anterior plan. El último edificio vigués que obtuvo esa categoría es la Biblioteca Pública Juan Compañel, obra de Jenaro de la Fuente Domínguez. Fue calificado así en mayo del 2016.
«A la Administración le cuesta exigir a los propietarios el mantenimiento de los bic»
«Los bienes de interés cultural sirven para llamar la atención sobre su relevancia, pero eso no implica que no estén deteriorados porque, en ocasiones, el propietario carece de recursos para tenerlo en condiciones», explica Carlos Enrique Fernández Coto. Añade el presidente de la Asociación de Defensa del Patrimonio Cultural Galego (Apatrigal) que, aunque hay herramientas legales para exigirlo, «a la Administración le cuesta mucho hacerlo». Las herramientas a las que se refiere son las leyes gallegas de patrimonio cultural y la del suelo.
Y sin embargo, los bic están exentos del pago de algunos impuestos, como es el caso del impuesto de bienes inmuebles. A cambio de esto, la Administración obliga a sus propietarios a mantener un régimen de visitas públicas, algo que no siempre se cumple, como ocurrió con el Pazo de Meirás cuando aún pertenecía a la familia Franco. Tampoco siempre se cumple la obligación de permitir a los investigadores oficiales acceder a estos bienes culturales.
El problema del mantenimiento de estos bienes cuando están en manos de particulares, en ocasiones, se solventa con la realización de actividades comerciales. Es el caso de algunos pazos que acogen bodas o incluso conciertos para amortizar el coste de su mantenimiento. «Con la pandemia, no fueron pocos los propietarios que pusieron a la venta sus pazos porque se quedaron sin recursos para mantenerlos», añade Fernández Coto, responsable de que la Xunta declarase bic a la colección de arte de Abanca. «De esa forma, nos aseguramos de que no se pudiera sacar de España», concluye.