La jueza da cinco días para ingresar en prisión al funcionario condenado por el enchufe de la cuñada de Carmela Silva
VIGO
Los dos sentenciados piden en el juzgado que se suspendan sus penas de cárcel. Feijoo califica el caso de «una gravedad extraordinaria» y un «escándalo difícil de superar»
04 feb 2022 . Actualizado a las 01:27 h.La jueza de la Audiencia Provincial número 5 de Pontevedra ha ordenado el ingreso en prisión de Francisco Javier Gutiérrez Orúe, el alto funcionario del Ayuntamiento de Vigo condenado a cinco años y tres meses de cárcel por haber favorecido el enchufe de una cuñada de la edila y presidenta de la Diputación pontevedresa, Carmela Silva, para hacer un trabajo para el consistorio en una contrata municipal, encargo que no llevó a cabo aunque percibió por ello 108.147 euros.
El tribunal que condenó a Orúe y al gerente de la subcontrata, en su caso a un año y seis meses de cárcel, concedió un plazo de cinco días a los dos reos para que ingresen «voluntariamente en prisión para cumplimiento de condena, apercibiéndole que de no verificarlo se librará oficio a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para su detención e ingreso en prisión», señala la jueza en el decreto dado a conocer a las partes hace dos días.
El funcionario condenado por un delito continuado de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil solicitó al Gobierno su indulto tras ser ratificada su condena por el Tribunal Supremo. Adujo en su escrito al ministro de Justicia su trayectoria laboral, personal y familiar, así como su pertenencia al PSOE y UGT desde 1982, como prueba de su concienciación social y defensa de los derechos de los trabajadores.
Tras la misiva judicial, tanto el funcionario como el alto cargo de la contrata municipal han solicitado ya en el juzgado la suspensión de las órdenes de entrada en prisión. La defensa de Orúe solicita al tribunal que aguarde a que el Gobierno responda a su solicitud de indulto, subrayando que ya ha indemnizado al Ayuntamiento de Vigo con la mitad del importe que recibió la cuñada de la concejala. El otro condenado, Ramón Comesaña, también solicita que no se ejecute la sentencia, esgrimiendo que carece de antecedentes penales, que está próximo a la jubilación, así como que es la persona que atiende a su madre anciana o que la privación de libertad junto a «delincuentes habituales o profesionales» pueden causar un «evidente riesgo de contagio», aludiendo a posibles situaciones ilícitas. Su letrado señala al tribunal en el escrito presentado ayer que «a la mayor brevedad posible» abonará al Concello la otra mitad de la indemnización a la que fueron a pagar los dos reos. Advierte también que «no será necesario acudir a la ejecución de los bienes trabados».
El funcionario y el gerente de la empresa Imesapi fueron declarados culpables de haber llevado a cabo un plan para contratar a la cuñada de la política viguesa para realizar supuestos trabajos de control de varios servicios de atención a la ciudadanía por parte del Ayuntamiento de Vigo, estando activo su contrato durante meses.
Según el portal Civio, el 2021 fue el año en el que más indultos concedió el Gobierno central en los últimos seis años. De 17 en 2018, el último año de Mariano Rajoy en la Moncloa, se pasaron a 40 en el 2019; 30 en 2020 y 50 en el último ejercicio.
Reacción de Feijoo
El caso del enchufe de la cuñada de la presidenta de la Diputación de Pontevedra no está pasando desapercibido para el PPdeG. Su presidente y responsable de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, lo calificó hoy de caso «de una gravedad extraordinaria» y un «escándalo difícil de superar». Repitió lo mismo en gallego y en castellano, en referencia a la petición de indulto tramitada por el alto funcionario del Ayuntamiento de Vigo.
El hecho de que en su petición de indulto dirigida al Gobierno el condenado remarque su condición de militante del PSOE y de la UGT, es algo que a Feijoo no solo le resulta sorprendente, como señaló este jueves en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, sino que valoró que viendo la «utilización política» que el Ejecutivo de Pedro Sánchez hace de los indultos, su militancia podría ser tenida en cuenta como «un atenuante o causa suficiente» para concederle dicha medida de gracia.
El líder de los populares gallegos dijo que este caso es un escándalo «que debería inhabilitar» a cualquier político que se viera salpicado, pues se trata de un militante del PSOE, alto funcionario del Concello, que es condenado por la Audiencia Provincial de Pontevedra y por el Tribunal Supremo por «facilitar el pago», dijo Feijoo, de más de 100.000 euros de salario a la cuñada de la actual presidenta del PSdeG, Carmela Silva, sin que tuviera que ir a trabajar ni un solo día.
Feijoo considera especialmente llamativo que ni el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que es el jefe máximo de personal del Concello, ni la presidenta de la Diputación de Pontevedra y del PSdeG haya dado «ningún tipo de explicación». Igual que llamativo que no las dé el secretario xeral de los socialistas gallegos, Valentín González Formoso, «cuando su presidenta es la cuñada de quien recibe 100.000 euros de dinero público». Eso, según el líder del PPdeG, es «incompatible con la democracia».
El mandatario autonómico también aludió a las palabras del regidor de Vigo, que lo acusó de no querer la autovía de Vigo a O Porriño, y vinculó este asunto con el caso que salpica a Silva. «Cando unha persoa está sometida a unha sentenza do Supremo que condena a cinco anos ao xefe de persoal» por colocar a una militante del PSOE y pagarle más de 100.000 euros sin ir a trabajar, «hai que buscar algunha fórmula para que non se fale diso» e inventar lo que Feijoo calificó de «insidia». Y es que el presidente de la Xunta no solo dijo que siempre demandó del Gobierno la construcción de la autovía Vigo-O Porriño, sino que recalcó que lo puede acreditar con las notas escritas con las que acudió a las reuniones con el responsable de Fomento y con el presidente del Gobierno.
