Consumo solo puede investigar los sobreprecios de Castrelos si existe una queja
17 jul 2022 . Actualizado a las 05:00 h.La reventa de entradas, como la que se produce en todos los conciertos que el Concello subvenciona en Castrelos, es una de las grandes polémicas de la música en directo. La difícil aplicación de la legislación sobre esta materia lastra al sector con una alarmante inseguridad jurídica e incluso desprotección. ¿Es legal?
«La reventa de entradas está prohibida», expone el jefe del servicio de Consumo de la provincia de Pontevedra, Alfonso Diéguez. Desde el 2017, con la aprobación de la ley de espectáculos públicos y actividades recreativas de Galicia, «se prohíbe la reventa de entradas en papel o en cualquier medio o soporte electrónico», según el artículo 18. Las multas van desde 601 hasta 30.000 euros.
«El problema no es que haya un mercado secundario. La queja la tenemos contra la reventa especulativa», aclara el experto, adscrito a la Administración autonómica. Una entrada puede multiplicar por más de diez su precio de partida. Son márgenes de beneficio que exprimen el presupuesto del público verdaderamente interesado en acudir al evento. En la reventa especulativa no se habla de unas cuantas entradas de manera residual. En muchos casos la reventa implica la indisponibilidad casi inmediata de entradas (provocada por una compra masiva de manera profesionalizada) que obliga al público a acudir al canal de venta del revendedor.
Este fenómeno es el que ocurrió la semana pasada para acceder a los conciertos de la temporada estival en Castrelos. El Ayuntamiento de Vigo sacó al público los abonos para las actuaciones de Serrat, Sebastián Yatra y Sting. Son conciertos que paga el Concello para que el acceso general sea libre y el acceso a la platea vaya a precio subvencionado, 10 o 12 euros por recital que en otras ciudades pueden superar los 100. En los tres casos sucedió lo mismo. Muchos de los que se conectaban a la plataforma de venta online se quedaban sin los tiques y, tras agotarse —o incluso mientras todavía estaba abierta la venta oficial— salían al mercado de reventa a 50, 70 o hasta 140 euros.
«Viagogo, Milanuncios y Wallapop son los más habituales», explica Diéguez. En el caso del primero, Viagogo es una web con sede en Suiza y Estados Unidos, no pertenece a la Unión Europea y, por lo tanto, «es muy complicado reclamar nada, nuestra Administración no tiene la fuerza suficiente. Hemos llegado a contactar con las embajadas de estos países en España intentando conseguir una respuesta», añade el jefe del servicio de Consumo.
El caso de Milanuncios y Wallapop es más sencillo. «Al final son particulares que intentan aprovecharse de la gente. La normativa prevé que si se tiene conocimiento de estas conductas se adopten medidas. El pago de multas es lo más habitual». El trámite se inicia nada más se presenta al órgano responsable del evento una publicidad (anuncio de venta) que vincule la actividad a una persona física.
Sin embargo, las comunidades autónomas tienen la competencia en materia de espectáculos públicos, eso implica que no existe ninguna normativa de carácter estatal. «Como esta actividad se realiza a través de Internet, es muy probable que ofertante y comprador no se encuentren en el territorio de la comunidad en la que se realiza el concierto. Incluso sin salir de la Península lo tenemos muy difícil», denuncia Diéguez. La respuesta regulatoria debe tener, como mínimo, un ámbito estatal. «Son actos incívicos que no deben quedar impunes», reitera el especialista en consumo.
El responsable de tomar medidas varía según cuál sea el organizador del evento. El jefe de servicio explica: «En el caso de los conciertos de Castrelos, el órgano competente es el Ayuntamiento de Vigo. En cambio, si habláramos del concierto de Imagine Dragons en el Monte do Gozo, la responsabilidad ahí recae en la Xunta».
Hasta la fecha, el Ayuntamiento de Vigo no ha presentado ninguna queja formal sobre el asunto, por lo que Consumo no lo investiga. De todos modos, Diéguez reconoce que «allí son de sobra conscientes. Es tan sencillo como que los abonos pasen a ser nominativos. Eso mejoraría mucho las cosas. En el Reino Unido ya existe una regulación estricta. Esto es una práctica habitual y como tal, debería dársele una respuesta».
Otra opción que propone, aunque más enrevesada, es que la web Vigo en Festas se configure para rastrear la dirección IP de aquellos visitantes que accedan a la venta online de los boletos y se permita solo la venta a los residentes en la ciudad.