El código ético del PSOE prohíbe indultos en casos de corrupción, como piden dos funcionarios y militantes de Vigo
VIGO
El partido decidirá sobre el futuro judicial de Orúe y Ballesteros
08 jun 2023 . Actualizado a las 13:19 h.Los dos condenados por el caso del enchufe de la cuñada de Carmela Silva en una contrata municipal de Vigo, el exalcalde pedáneo de Bembrive, elegido en su día al frente de la lista del PSOE, y un alto cargo del Concello en el área de Fomento sentenciado por soborno, aguardan la concesión de sendos indultos por parte del Gobierno para evitar su entrada en prisión. Dicha medida de gracia es concedida a cuentagotas en casos de sentencias por delitos relacionados con corrupción y, de hecho, solo ocho gallegos se han visto beneficiados en la conmutación de sus penas en los últimos 25 años por delitos así clasificados. Ninguno de los perdonados tenía cargo público institucional cuando llevó a cabo los delitos por los que fue condenado, como sí sería el caso del pedáneo, ni adujo la condición de militante sindical o de una formación política, como el alto cargo municipal implicado en el enchufe de la allegada de Silva.
El Ministerio de Justicia decide sobre los indultos y está en manos del PSOE. Este partido es contrario a perdonar las penas en casos de corrupción y así lo ha oficializado en su código ético y propuesto en las Cortes.
El reglamento del Partido Socialista, vigente desde el 2014, dedica su capítulo ocho a la actuación del partido en materia de indultos, estableciendo que «los cargos públicos del PSOE se comprometen a no proponer ni apoyar el indulto de cargos públicos condenados por delitos ligados a corrupción», además de no solicitarlo tampoco para ellos mismos y también en el caso de los cargos orgánicos de la formación.
Francisco Javier Gutiérrez Orúe, el alto funcionario del Ayuntamiento de Vigo implicado en el caso del enchufe, fue condenado en su condición de trabajador municipal, pero él mismo ha pedido ser indultado, entre otros motivos, por su conciencia en favor de los derechos sociales y de los trabajadores, que evidencia, dice, su militancia en el PSOE y UGT desde 1982. En el escrito dirigido al Gobierno no hace referencia a si su afiliación sigue activa o no, pero el mismo código ético determina que a los militantes condenados por casos de corrupción serán sancionados con la expulsión del partido. El PSOE establece que, además de los cargos públicos, toda la militancia «también deberá respetar los principios generales contenidos en este código ético».
Propuesta en las Cortes
Más allá del planteamiento interno que el PSOE hace en su código ético, en su primera etapa como secretario general socialista, Pedro Sánchez trató de impulsar una normativa similar. En una proposición de ley firmada en el 2016 por su entonces portavoz y ahora director adjunto del gabinete de la Presidencia, Antonio Hernando, el equipo de Sánchez planteaba desde la oposición la reforma de la ley de indulto de 1870 para someter dicha medida de gracia a un mayor control.
Los socialistas subrayaban en su petición que el indulto «debe ser un recurso excepcional» y que «no está justificado que este recurso excepcional se aplique a los supuestos de delitos relacionados con la corrupción cometidos por autoridades o cargos públicos». Añadían su rechazo en todos los casos en los que se haya obtenido beneficios económicos para sí o para un tercero, extremos que sucedieron en los hechos por los que fueron condenados los funcionarios de Vigo. La propuesta socialista decayó sin llegar a debatirse en el pleno, al terminar la legislatura.