El Concello empieza a desestimar alegaciones para que se cierren los 24 locales de Navia transformados en viviendas sin licencia y que el Ayuntamiento considera ilegalizables
18 jul 2024 . Actualizado a las 05:00 h.El Concello insiste en la ilegalidad de 24 apartamentos de tres bloques de la calle Teixugueiras. Eran oficinas a las que la empresa que construyó los edificios les cambió el uso sin licencia haciéndolas pasar como viviendas para poderlas vender fácilmente. Las personas que compraron los inmuebles tienen ahora un problema porque el Ayuntamiento les obliga a que sus propiedades vuelvan a ser oficinas. Teóricamente, no pueden vivir ahí y deben acreditar que están desarrollando una actividad económica.
La Gerencia de Urbanismo empezó a resolver los expedientes de reposición de la legalidad urbanística el pasado otoño. Actualmente, ha comenzado a desestimar recursos de reposición presentados contra las órdenes de demolición que había dictado para deshacer todas las obras de adaptación residencial. Vuelven a activarse las órdenes de demolición que se encontraban suspendidas mientras no se resolvieran los recursos.
La empresa Urbanismo Vigo, que es de Cataluña, es la responsable de esta irregularidad. El Instituto Galego de Vivenda e Solo le impuso una multa de 171.446 euros y la empresa se benefició de una rebaja de un 40 % al haber admitido su culpa. Ante el Concello ha alegado que las irregularidades ya estaban prescritas al haber pasado más de seis años desde que se cometieron, por lo que los pisos se encontrarían en una situación de fuera de ordenación. Pero el Concello ha echado por tierra este argumento. No da validez a la presentación de las facturas que se corresponderían con la instalación de las cocinas.
El cambio de uso ilegal se habría producido entre los años 2021 y 2022. Las viviendas se encuentran en las entreplantas de los números 20, 22 y 26 de la principal avenida de Navia, donde actualmente se están llevando acabo unas obras de humanización. Hay ocho apartamentos en esta situación en cada uno de los edificios, aunque alguno sí tiene un uso de oficina. Tienen una entrada independiente del resto de la comunidad por medio de unas estrechas escaleras y carecen de ascensor. Cuentan con alrededor de 60 metros cuadrados de superficie. Allí viven familias, personas solas e inquilinos de estancias cortas.
Los vecinos de la zona cuentan que siempre estuvieron a la venta como oficinas, pero tenían muy poca demanda porque en el barrio hay otras opciones en emplazamientos que resultan más accesibles. Entonces la promotora les cambió el uso sin ningún tipo de permiso. Las puso en el mercado inmobiliario como si fueran pisos y empezaron a llegar los compradores. El Concello se enteró de esta maniobra porque le llegó una comunicación del Registro de la Propiedad. La Xunta lo supo porque la comunidad de propietarios pidió información, extrañada por la llegada de nuevos moradores al edificio. Hay que tener en cuenta de que se trata de inmuebles de protección oficial donde el número máximo de viviendas está limitado a 48. No se puede aumentar, como así se hizo. El Concello considera que el cambio de uso que se llevó a cabo es «ilegal e ilegalizable». Los técnicos municipales creen que estos locales no son aptos para el uso de vivienda en «unas condiciones mínimas de funcionalidad, seguridad y habitabilidad». Por eso ordena el cese inmediato de la actividad residencial, dejando en la estacada a las personas que invirtieron aquí sus ahorros y se hipotecaron y que ahora se sienten estafadas. El acuerdo adoptado esta semana por la Gerencia de Urbanismo ordena la notificación a las empresas suministradoras para que no formalicen los contratos de suministros como la luz o el agua.
Los propietarios compraron de buena fe y critican que nadie les avisó de la irregularidad
Los falsos pisos de Navia pasaron los filtros de todas las administraciones implicadas a la hora de adquirir un inmueble. En el registro de la propiedad figuran como residenciales, lo que animó a invertir a muchos propietarios. Además cuentan con una certificación catastral y descriptiva en el que consta el uso residencial. En la Agencia Tributaria también están registrados como viviendas.
El Ayuntamiento gira el recibo de la basura como si fueran viviendas. Un notario verificó los contratos de compraventa. Los propietarios pagan además el IBI y están empadronados en estos domicilios. Pero el pago de impuestos, tributos y tasas «no determina la legalidad de las actuaciones ejecutadas», les ha contestado el Concello.
De ahí el enfado de muchos propietarios que compraron aquí su vivienda, a los que nadie les advirtió que estaban comprando gato por liebre cuando firmaron las escrituras. La mayoría son trabajadores a los que no les sobra el dinero y que han invertido todos sus ahorros en la compra de estos inmuebles. Dos años después de haber comprado los pisos, empezaron a recibir cartas de la Xunta, conforme no cumplían los requisitos para el cambio de uso.
Algunos afectados quisieron deshacer la compraventa al haber un vicio oculto, pero la promotora se negó. La comunidad de propietarios del edificio denunció estas viviendas con la preocupación de que, en el caso de producirse algún incidente, el seguro de la comunidad no se hiciera responsable de los daños. El responsable de la comunidad señaló que, cuando eran oficinas, siempre estuvieron vacías.