Salen a la luz detalles de la condena al expresidente Carlos Fernández, que vendió suelo de la sede de Vigo a una empresa amiga y luego esta le cobraría un alquiler de 2.500 euros al mes durante 25 años
25 ago 2024 . Actualizado a las 00:30 h.El ahora expresidente del Colegio Oficial de Enfermería de Pontevedra (Coepo), Carlos Fernández, aceptaba el 9 de mayo una condena por conformidad de dos años de cárcel por un delito de gestión desleal y una multa de 900 euros. Debió indemnizar a la entidad pública con un total de 157.870 euros. La Audiencia en Vigo le suspendió la pena a condición de que pagase todo en tres años. Ahora han salido a la luz más detalles de la sentencia y de los hechos probados que él aceptó. Su esposa e hija salieron absueltas al haber asumido él toda la culpa en la vista de conformidad celebrada en la Quinta Sección de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo.
Fernández fue presidente de esta corporación desde 1985, por lo que cuando se jubiló, en el 2019, llevaba en el cargo 34 años. Siguió hasta julio del 2024, cuando quedó inhabilitado para este puesto por sentencia y le sucedió Pablo Moreira el 2 de julio.
Siempre según la sentencia, Carlos Fernández logró traspasar terrenos del colegio a una entidad privada que luego se los alquiló a su anterior dueño y pasó a cobrarle una renta de 2.500 euros al mes, contrato que duraría 25 años. Lo que el tribunal denomina una «transacción nociva».
Durante su mandato, señala la sala, Fernández «orquestó varias operaciones bajo el espíritu de perjudicar al colegio» hasta el 2020. El plan consistió en adquirir inmuebles en la calle Aragón de Vigo, tanto a manos del colegio como de Galaprint (empresa con cuyos titulares Fernández tenía vínculos familiares). Sucesivamente, afianzaría a Galaprint en la mayor cuota de los inmuebles que constituirán la sede del colegio, perjudicando a este. Es decir, gran parte del suelo que ocupaba la entidad cambió de manos. Finalmente, lograría posicionarlo como arrendatario de Galaprint sobre la superficie que antes era propia.
Toda la trama de esta «estructura de la transacción nociva» se remonta al 2000. El presidente negoció y llevó a aprobación del Colegio la compra a Tuberías Barcia de dos locales en la calle Aragón, en los números 199 y 201, en Vigo. Disponían de 910 metros cuadrados y el colegio pagó 252.425 euros por lo que sería su sede principal en toda la provincia. Haciendo uso de su imperio en la Junta General, logró la aprobación de la compra el 2 de julio del 2000.
Cinco días después, y de forma paralela, Galaprint (la empresa próxima a unos familiares) compró el bajo colindante, el número 197, de 191 metros cuadrados, por 18.030 euros.
«Bajo esta disposición de dominio y mandato que ejercía en la dirección de la Junta General de Coepo y las decisiones adoptadas en su seno, siguiendo la consciente arquitectura dañina que había ingeniado para la entidad pública», dice la sentencia, hizo una nueva maniobra. Pasadas las vacaciones de verano, el 1 de septiembre, solo dos meses después de la compra del suelo, logró la aprobación por el colegio de sucesivos tratos para segregar y agrupar las fincas compradas a Tuberías Barcia, lo que escrituró el 11 de noviembre del 2021. Las dos fincas iniciales se segregaron en cuatro parcelas, cada una más o menos de 200 metros cuadrados. Luego, dos de ellas se fusionaron para formar una de 387 metros.
Las otras dos parcelas, a sabiendas del perjuicio que le causaba al colegio, dice la sentencia, logró que se transmitieran a Galaprint por 145.075 euros. La empresa que tenía vínculos familiares con el presidente acabó haciéndose propietaria de 714 metros cuadrados a un precio medio de 182,14 euros. Por contra, el colegio desembolsó 409,39 euros por metro cuadrado.
La sentencia hace sus cálculos. El Colegio pagó 107.349 euros por sus terrenos (387 metros), lo que suponía un tercio de la finca original (el 35 %) mientras que Galaprint se hizo con el 65 % restante, 714 metros, por 163.105 euros.
La sentencia ve un «menoscabo irrogado por la operativa articulada por el acusado». Basta con mirar la «gravosa comparativa de precios de adquisición por los metros cuadrados finales en las fincas de la calle Aragón entre Coepop y Galaprinpt». Claramente, dice la sentencia, resulta damnificada la entidad pública. El perjuicio ascendería a 129.849 euros y fue realizado «bajo el manto del plan trazado por el acusado en una operación conjunta», que incluyó las transacciones paralelas de compra a Tuberías Barcia y venta de Coepo a Galaprint.
Una vez que la empresa de sus familiares se hizo titular de 714 metros cuadrados pasó a la segunda fase del plan. El acusado, aprovechando su ascendencia en Coepo y sabiendo que con ello perpetuaba el perjuicio ideado desde su fase inicial» propuso hacer un contrato de arrendamiento sobre la superficie que compró Galaprint. Se trata de un pacto de alquiler que duraría del 2004 al 2020. La sentencia aclara que este acuerdo fue fraguado sin dejar constancia documental cierta. Solo hay una referencia a un contrato suscrito el 2 de marzo del 2015 en el que como presidente del colegio acordaba con Galaprint una duración de 25 años de arrendamiento. Así, el Colegio pasaba a ser el inquilino de lo que habían sido años atrás sus tierras y firmaba un acuerdo hasta el 2030. Pagaría una renta de 2.553 euros más el IVA.
Todas estas operaciones inmobiliarias de compra y venta de inmuebles no fueron refrendadas por la Junta General del Colegio hasta el 2 de junio del 2020, a la salida del confinamiento, y pese a que llevaba vigente 16 años. La sentencia aclara que los precios de alquiler parecen ajustados al mercado y, por ese lado, no ve probado que haya un perjuicio.
A mayores, la sala señala que, durante su mandato, el acusado, «persistiendo su propósito de perjudicar la entidad pública, entre enero y diciembre de 2020 realizó disposiciones de dinero de manera injustificada en la cuenta del colegio». Lo hizo mediante cheques al portador que ascienden a 28.021 euros y de los que no se sabe el destino. Fue detenido en el 2021, a los 68 años.