La Fiscalía y un juzgado inician un proceso penal por la ampliación del campo de golf del Aero Club de Vigo
VIGO
Investigan al presidente de los comuneros de Cabral, a un directivo y a un ciudadano de Rumanía tras las primeras diligencias del Seprona
05 sep 2024 . Actualizado a las 05:00 h.La ampliación del campo de golf del Real Aero Club de Vigo generó una propuesta de sanción por parte de la Xunta por movimientos de tierras sin permiso en el origen del cauce del río Lagares. De prosperar, conllevaría una propuesta de sanción de 98.000 euros a la Comunidad de Montes de Cabral. A mayores, generó una investigación penal del Seprona de la Guardia Civil de la Comandancia de Pontevedra por un delito contra el medio ambiente. De aquel atestado del Seprona entregado a la Fiscalía de Medio Ambiente de Vigo para su valoración, el ministerio público presentó en junio una querella contra seis personas vinculadas a la comunidad de montes de Cabral por delitos contra el medio ambiente y tentativa de estafa.
Dicha querella recayó en el Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo, que ha descartado la comisión de la tentativa de estafa, pero sí considera que hay elementos para imputar un delito contra el medio ambiente contra el presidente de la citada comunidad de montes, Luis Rodríguez, contra otro hombre relacionado con el sector de la construcción e igualmente vinculado a la cúpula de los comuneros de Cabral, y contra un ciudadano de Rumanía que, presuntamente, figuraba al frente de la sociedad que realizó los movimientos de tierras en el cauce del río Lagares, pero que realmente estaría a las órdenes del segundo investigado, con intereses en el sector de la construcción.
A mayores, la investigación del Seprona destapó un hecho que resulta curioso. El Real Aero Club de Vigo gestiona su campo de golf sin licencia de actividad después de años de funcionamiento.
La documentación del Seprona que originó la causa penal iniciada por la Fiscalía de Medio Ambiente y el Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo expone que integrantes de los comuneros de Cabral alteraron, sin solicitar permiso de ningún tipo, el nacimiento del río Lagares y arrancaron árboles en un terreno protegido por la Consellería de Medio Ambiente. Dichas actuaciones figuran ilustradas en la documentación con fotos. A mayores, el relato del Seprona —secundado por la Fiscalía y el juzgado en lo referido al presunto delito contra el medio ambiente— expone el reparto de responsabilidades, principalmente a través de la empresa Construcciones Calme. De administrador único figura el ciudadano de Rumanía investigado, con una sociedad —según el Registro Mercantil— con domicilio fiscal en Mos y a la que se atribuye poner la maquinaria industrial para iniciar el movimiento de tierras previo a la construcción de los nuevos hoyos en terrenos adquiridos por otra sociedad mercantil.
El ciudadano de Rumanía, según la documentación judicial, estaría a las órdenes de los otros investigados, que presuntamente serían los que tomaban todas las decisiones. Es decir: se le otorga el papel de testaferro de otra sociedad, Rogaem Group, a su vez presuntamente aliada con el constructor investigado, que a su vez estaría vinculado con el presidente de los comuneros de Cabral. Porque entre los tres existiría un vínculo que probaría al menos una relación previa: el ciudadano rumano habría tenido en algún momento relación profesional con el constructor investigado. A mayores, el ciudadano rumano habría recibido de él la orden de meter la pala en el nacimiento del río Lagares. Por último, el dueño de Rogaem Group estaría relacionado con la directiva de la comunidad de montes de Cabral, y por extensión de su presidente, que lleva años y años en el cargo. Muchos de ellos rodeados de polémica, en parte por la intensa oposición interna que existe en la entidad.
Los comuneros alegaron que sí tenían permiso para trabajar en el cauce del Lagares
Los polémicos trabajos de ampliación del campo de golf del Real Aero Club de Vigo —para recuperar el terreno perdido por expropiación para ampliar la pista de aterrizaje y despegue del aeropuerto— se realizaron en el 2023. La Voz publicó el inicio de la investigación penal del Seprona el pasado mayo, cuando todavía no se iniciara la causa penal actualmente en fase de instrucción. La Comunidad de Montes de Cabral dirigió entonces un escrito a La Voz, en representación del presidente de los comuneros, Luis Rodríguez, argumentando que aquellos movimientos de tierra con maquinaria pesada contaban con todos los permisos necesarios. Ayer, La Voz intentó sin éxito contactar con Rodríguez para conocer la posición de la entidad que preside y la suya propia al figurar entre los investigados judicialmente por un delito penal contra el medio ambiente.
La tesis expuesta por Rodríguez en mayo, cuando todavía no figuraba como investigado en el procedimiento penal iniciado este verano, alegaba que la entidad que dirige «ha encargado el proyecto de reconstrucción del campo de golf solicitando todos los permisos y autorizaciones pertinentes, encontrándose todos ellos en marcha y contando ya con varios informes favorables. Asimismo, ha encargado unos trabajos previos de limpieza, sin que hayan implicado afectación al dominio público hidráulico ni, en ningún caso, impliquen un daño sustancial al medio. Todas las operaciones descritas han sido refrendadas por la asamblea de comuneros de la comunidad de montes de Cabral».