Patrimonio desautorizó en septiembre de 1990 el derribo del histórico edificio que acabaría siendo el museo Marco. El arquitecto catalán tenía el encargo del alcalde Soto de realizar «algo» en ese espacio
11 sep 2024 . Actualizado a las 01:49 h.En septiembre de 1990, el concejal de Esquerda Galega Xesús Costas presentaba una alegación contra la intención del Concello de Vigo de derribar el edificio de los antiguos juzgados para abrir una plaza llamada de la Concordia y diseñada por Ricardo Bofill, entonces arquitecto de fama internacional. Era la última bala para paralizar aquel proyecto, muy criticado por la sociedad viguesa, aunque no tanto por los representantes en la corporación.
Todo venía de unos años antes. En el verano de 1988, al alcalde socialista Manuel Soto se le metió en la cabeza que el urbanista catalán realizase «algo» en Vigo. Dos años antes, Bofill había presentado un proyecto rompedor para el paseo marítimo de A Coruña que llamó la atención de Soto Ferreiro, ya inmerso en la idea de cambiar la imagen de la ciudad olívica para dotarla de modernidad.
Aquel «algo» soñado por el primer alcalde democrático de Vigo tras el fin de la dictadura se reflejó en dos proyectos de Bofill. Por un lado, la creación de un parque en A Riouxa, que sí se hizo (aunque no en toda la extensión) y, por otro, la plaza de la Concordia. Era una plaza abierta, de 4.000 metros cuadrados, que conectaría la calle del Progreso, la Ronda y Príncipe. Aquella «sala de estar de la ciudad», como la denominó el regidor, se llevaría por delante el viejo edificio, no solo importante desde punto de vista arquitectónico, especialmente por su panóptico interior, sino también por el papel jugado como tribunal y cárcel por la que pasaron numerosas personas que habían luchado por la democracia en el tardofranquismo.
El proyecto de Bofill llegó a exponerse al público en julio de 1990. «Entre el Ayuntamiento y nosotros existe una cordialidad absoluta. El mayor problema, si es que lo hay, es que la mayoría de los arquitectos son personas de distintas nacionalidades, y pueden entender o no entender a Galicia, y a Vigo. Nuestro empeño está en lograr una arquitectura distinta en la que se fusionen los elementos físicos naturales de la ciudad, y nuestras ideas de renovación. Lo que queremos realmente es que el mundo artístico vigués se pronuncie y que se inicie una competencia entre los muchos arquitectos que tiene Galicia», afirmó Bofill en la exposición del proyecto, tal como reflejó La Voz de Galicia el 14 de julio de 1990.
Una de las voces más críticas con el proyecto fue la del arquitecto e historiador Jaime Garrido, que estaba indignado por la desprotección en que había dejado el gobierno local el edificio de los juzgados y a la antigua estación de ferrocarril. «A primeros de 1989, preparé dos expedientes por duplicado, con memorias, informes, recortes de prensa, planos y abundantes fotografías sobre los dos edificios y se los entregué al PSG-EG, único partido defensor de su conservación, y al Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, para ser presentados en el registro de la Xunta al objeto de declararlos bienes de interés cultural», explicaba en La Voz el propio Jaime Garrido unos años más tarde.
Fue la munición que empleó Esquerda Galega para detener el derribo del edificio, apoyada por la solicitud de incoación como bienes de interés cultural para el antiguo palacio de justicia y cárcel del partido judicial, así como del edificio de la antigua estación de Renfe presentada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Vigo. Y la acción combinada tuvo éxito porque la Dirección General del Patrimonio Histórico y Documental hacía público el 24 de septiembre de 1990 el acuerdo de suspensión cautelar de la demolición del antiguo palacio de justicia, en la calle del Príncipe. La suspensión de demolición dictada por la Dirección General incluía también el edificio de la antigua estación de ferrocarril de Vigo, en cuyo lugar se pretendía construir otra plaza.
En 1991, Manuel Soto dejó la alcaldía al no obtener el respaldo de Esquerda Galega, partido que necesitaba el PSdeG-PSOE para alcanzar el despacho municipal. Le sustituyó Carlos González Príncipe, que no insistió en la idea de derribar el viejo edificio judicial para llevar adelante la plaza de Ricardo Bofill. Aun después, el estudio del urbanista catalán presentó una modificación del proyecto para realizar la plaza sin derribar el edificio, pero ya no tuvo eco en el Concello de Vigo.
Inauguración
En 1992, los miembros del patronato del Museo Quiñones de León presentaban al alcalde Carlos González Príncipe la idea de convertir el viejo edificio judicial en un museo de arte contemporáneo, algo que el alcalde vio con buenos ojos. Sin embargo, la pérdida de la alcaldía en 1995 dejó la finalización del proyecto del Marco ya en manos de la corporación presidida por el popular Manuel Pérez.
Tras muchos trámites, el museo abrió sus puertas el mismo día que se hundía el Prestige, el 13 de noviembre del 2002. Aunque el alcalde entonces era el nacionalista Lois Pérez Castrillo, Carlos González Príncipe estuvo presente como teniente de alcalde y responsable del área cultural de Vigo. Nacía aquel día el Marco de Vigo.