En noviembre de 1999, una denuncia sindical reveló el uso de explosivos en el sector del cerco
27 nov 2024 . Actualizado a las 00:44 h.La primera alarma se encendió en Portugal. A mediados del año 1999, el secretario de Estado de Pesca del país vecino, José Apolinario, recogía las quejas de pescadores lusos respecto al uso de explosivos en la pesca de la sardina por parte de la flota gallega. Añadía que la Armada portuguesa había intensificado la vigilancia y que se había procesado a tres barcos gallegos. La Voz de Galicia recogía el 16 de noviembre que, según fuentes del sector del cerco, la utilización de dinamita seguía existiendo, aunque era marginal. «Todos sabemos que hay algunos barcos que la siguen utilizando, pese a ser una actividad ilegal», explicaba una fuente a este diario.
El 26 de noviembre de 1999 ya era la sección del Mar de la Confederación Intersindical Galega (CIG) quien denunciaba abiertamente la utilización de explosivos en la pesca de cerco. El entonces responsable de área de esta central, Xabier Aboy, manifestaba que era una práctica que no utilizaba la mayoría del sector, aunque sí era frecuente para barcos que tenían su base entre las rías de Vigo y Muros-Noia.
«Sempre existiu, e ten habido accidentes cos explosivos. É algo que a ninguén se lle escapa», explicaba en La Voz el representante sindical. El problema, agregaba Aboy, era que «nestes momentos volveu reproducirse», sobre todo en la bocana de la ría de Arousa y por parte «dalgúns productores» de la ría de Vigo.
Para Aboy, los expedientes abiertos, semanas antes en Portugal, confirmaban que seguían existiendo «estas prácticas brutales», utilizadas básicamente en la pesquería de la sardina. Por ese motivo, pedía a la Consellería de Pesca que abriese «unha investigación de oficio» para erradicar ese método ilícito del mar. Sin embargo, acusa a la Xunta de «falta de vontade e desidia» por entender que esta actuación ya la debiera haber hecho «hai tempo, porque este asunto tense denunciado varias veces no Consello Galego de Pesca».
Por otra parte, CIG-Mar también veía prioritario que las fuerzas de seguridad del Estado utilizasen todos los medios disponibles para atajar el tráfico ilícito de dinamita y evitar el «grave perxuicio» para el futuro de especies como la sardina, máxime en un contexto, como el que se daba entonces, en el que ese sector trataba de negociar medidas para recuperar la pesquería.
En el año 1998 había entrado en vigor la Ley de Recursos Pesqueros que tipificaba como «infracción muy grave» el uso de explosivos que derivaría en la imposición automática de una multa de hasta 50 millones de pesetas.
El 28 de noviembre de 1999, La Voz de Galicia indagaba en el mercado negro de la dinamita. Aludiendo a fuentes consultadas entre los armadores, explicaba que era la dinamita el explosivo más usado en la pesca, frente a otros más dañinos como la pentolita. Una de las fuentes consultadas por el periódico estimaba que un kilogramo de dinamita, comprado en el mercado negro, rondaba las 15.000 pesetas. Esa cantidad, según la misma versión, podía ser distribuida en «siete u ocho cartuchos», en dosis de entre 120 y 150 gramos, si bien ese cálculo podía variar de la detonación que estuviese dispuesto a provocar un patrón de pesca.
Otra información de La Voz aludía al biólogo Pablo Carrera, quien había realizado un estudio en el que sostenía que un cartucho de dinamita de 10 kilos detonado a cien metros de profundidad provocaría la muerte instantánea de todos los peces de noventa gramos (una sardina adulta) en un radio de veinte metros. Otras citadas fuentes, aducían que tal cantidad de explosivo «no se utiliza nunca» y destacaban que la dinamita se usaba, más que para matar la sardina, para desconcertarla, hacer que subiese a la superficie y capturarla sin dificultad.
Ese mismo día, La Voz recogía el testimonio del patrón mayor de Corcubión, José Domínguez Buiturón, quien aseguraba que unos días antes se pudo ver aguja, caballa y jurel flotando en el área de Fisterra como consecuencia de la «acción depredadora» de embarcaciones de cerco que supuestamente habían utilizan dinamita para la captura de especies pelágicas. El presidente del cabildo corcubionés afirmaba que recibió la queja de varios pescadores fisterráns que pudieron ver el «desastre» provocado presuntamente por pesqueros con base en la zona de Barbanza. En aquellos días se estaba negociando un plan para recuperar la sardina. El 29 de noviembre, el sector del cerco del Consello Galego de Pesca rechazaba un paro biológico marcado para el siguiente mes de abril y la vedas de pesca en fondos de 50 metros. En aquella misma reunión, el director xeral de Recursos Mariños, Javier Pereiro, apelaba a la responsabilidad del sector para erradicar el uso de explosivos, al tiempo que expresaba su malestar porque un asunto de esta envergadura se dilucidase en los medios informativos, lo que entendía que dañaba la imagen del sector.
Desde aquel momento, aunque lentamente, la Administración comenzó a tomar medidas reales contra el uso de explosivos, como en el 2008 cuando se anunció la instalación de una red de boyas que detectaban el uso de explosivos. No obstante, en junio del 2010 eran detenidos el patrón mayor de Vigo y otros ocho marineros con diez kilogramos de dinamita. Fue poco antes de San Xoán, una fecha en la que tradicionalmente aumenta la venta de sardinas en toda Galicia. Los acusados pudieron esquivar las penas de cárcel en el 2014 tras autoinculparse. Hoy en día, parece descartada esta práctica.