El Sergas indemnizará a la familia por perder ocho meses de tratamiento en los que nunca se llamó al paciente; el tamaño del tumor se duplicó y generó metástasis
13 feb 2025 . Actualizado a las 00:24 h.J.B.R., un hombre de Vigo de 64 años, falleció a consecuencia de un cáncer de riñón que le detectaron en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo pero que nadie le comunicó que padecía. Su caso permaneció ocho meses olvidado hasta que tuvo que volver al médico. Ahí sí se lo detectaron y comenzó un tratamiento. Pero en ese momento el tumor ya había duplicado su tamaño y se había extendido a otros órganos. Ahora la Consellería de Sanidade ha asumido su culpa e indemnizará a la familia con 25.000 euros.
Sucedió durante la pandemia de covid-19. Él trabajaba como vigilante en un hipermercado. Estos establecimientos nunca cerraron y él nunca dejó de trabajar. En marzo del 2020, unos pocos días después de que se decretase el confinamiento para frenar la expansión del virus, J. detectó un poco de sangre en la orina. Acudió al médico. «Le pidieron unas pruebas y le dijeron: ‘‘Si hay algo, te llamamos’’», dice su hija M., que prefiere preservar su identidad y la de su padre.
Entre esas pruebas estaba un tac. Se lo hicieron a finales de abril, todavía durante el confinamiento. El informe de esa prueba muestra que J. tenía un tumor de 2,8 centímetros en su riñón derecho.
Pero nadie lo llamó. Él había dejado de sangrar y no se preocupó. En su puesto de vigilante, había tenido un pequeño altercado un poco antes y lo atribuyó a eso.
La vida siguió. «Nunca notó nada especial», refiere su hija, «incluso se fueron de vacaciones en el mes de octubre con unos amigos a Portugal, en motos grandes y no tuvieron problemas. El motor era su hobby», explica. En casa no se habló más del tema. Mientras, el cáncer seguía creciendo.
A principios de diciembre, J. se levantó para ir a trabajar y notó un pinchazo en la espalda, similar a una lumbalgia. No podía moverse. En urgencias le dieron analgésicos. Al día siguiente lo llamó su médico de cabecera. El doctor se alarmó. Revisó la historia clínica del paciente y vio que desde abril se sabía que el hombre tenía un tumor. «El paciente me dijo que nadie le había llamado después del urotac y que por lo tanto no lo había valorado el urólogo y él presuponía que todo estaba bien porque no lo habían avisado», escribió en la historia.
En el hospital lo telefonearon de urgencia unos días después. La uróloga escribe en la historia: «Le comento que al ver él que no le mandaron cita, porque se pudo haber perdido, tenía que haber venido a decírnoslo para haberle citado nosotros para ver los resultados».
Los servicios de urología y admisión del Cunqueiro aseguraron que desconocían por qué nadie avisó al hombre.
Únete a nuestro canal de WhatsApp
El segundo diagnóstico
En ese diciembre del 2020, mientras en Galicia empezaba a despuntar una nueva ola de coronavirus y se discutía cómo organizar las cenas de Nochebuena para evitar contagios, a J. le diagnosticaron por segunda vez un cáncer. Y se lo comunicaron por primera vez. Pero aquel tumor de 2,8 centímetros ya medía 5 y tenía metástasis.
Con ocho meses de retraso, comenzó el tratamiento. Le extirparon el riñón y se sometió a la quimioterapia. Pero fue todo muy duro. El hombre no volvió a salir de casa, en parte por la vergüenza de su aspecto y en parte por el agotamiento, según reconoce su hija. «El procedimiento seguramente habría sido el mismo, pero la enfermedad igual no», valora M., «no culpamos al Sergas de que se hubiera desarrollado su cáncer, pero podía seguir vivo a día de hoy». Él siempre fue consciente de lo que le ocurría. J. falleció un año y tres meses después de la operación, en abril del 2022, con 64 años.
Él mismo inició en vida una reclamación contra el Sergas en vía administrativa, que retomó su hija tras el fallecimiento del hombre. La Consellería de Sanidade la desestimó. Esta resolución fue al Consello Consultivo de Galicia, como es preceptivo, y dictó que se reactivase la investigación. Sanidade volvió a intentar archivar el caso sin ninguna indemnización. Pero el órgano consultivo de la comunidad autónoma resolvió que se reconozca una compensación de 25.000 euros.
Sanidade ha aceptado esa indemnización por pérdida de oportunidad en una resolución firmada por la secretaria xeral de la consellería, Natalia Lobato. Este concepto jurídico supone indemnizar por la posibilidad —no la certeza— de que el desenlace hubiera sido distinto si se hubiera actuado a tiempo.
La abogada Míriam Barral, que llevó el caso, tiene claro que «se puede relacionar directamente el desenlace con la tardanza».