La empresa perjudicada adelantó 26.000 euros por un contrato que luego se rescindió
15 feb 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Un ejecutivo afronta dos años de cárcel y su empresa, como responsable jurídico, una multa de 78.843 euros por, supuestamente, estafar a otra firma, la cual había pedido subvenciones al Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape). El juicio se celebrará en la Quinta Sección de la Audiencia de Pontevedra, en Vigo, el día 18.
Según el fiscal, el acusado actuó como administrador de una empresa de servicios para la industria naval, pesca y náutica deportiva y aceptó firmar un contrato para desarrollar acciones de márketing internacional en Alemania, Francia e Italia. Para ello, propuso a otra empresa solicitar al Igape una subvención, que obtuvo en el 2022. El perjudicado abonó una factura del 40 % de 26.281 euros pero días después no se ejecutó ningún acto del contrato y ambas partes lo rescindieron.