El caso del propietario que heredó un chalé con piscina en Toralla y el Registro de la Propiedad le ha denegado la posibilidad de inscribirlo a su nombre podría sentar un precedente. La razón es que, de las 34 viviendas unifamiliares levantadas en el islote, la mitad invaden la zona de protección de 20 metros desde la línea del mar. En el caso de que se produzca un cambio de titularidad por motivo de venta o de herencias, los nuevos propietarios no podrían hacerlos constar a un nombre. Aunque las viviendas fueron levantadas con anterioridad a la Ley de Costas, los registradores de la propiedad la aplican con efectos retroactivos. El reglamento impide poder registrar una vivienda que está ocupando en su totalidad o parcialmente el espacio público. La única solución que plantean es renunciar a la parte de sus propiedades que se encuentra en el espacio de dominio público marítimo-terrestre, o bien impugnar las certificaciones que emite Costas.
Desventajas
La imposibilidad de inscribir las viviendas en el Registro de la Propiedad plantea numerosos inconvenientes para los propietarios. Pese a que no es obligatorio, los bancos lo exigen a la hora de poder formalizar una hipoteca. Al estar en suelo de dominio público, la administración tiene derecho a recuperarlo en cualquier momento su espacio. Pueden ordenar la demolición sin derecho a indemnización en muchos casos. Tampoco se pueden obtener licencias para hacer obras o ampliaciones. Además las viviendas se devalúan porque su compra comporta riesgos por su inseguridad jurídica.