Perderán el tiempo acumulado de residente si no se regularizan antes del 20 de mayo y los servicios sociales que hacen los informes están colapsados
25 mar 2025 . Actualizado a las 10:24 h.La incertidumbre y el miedo se extienden entre cientos de inmigrantes en situación de vulnerabilidad en Vigo ante un inminente cambio en el Reglamento de Extranjería que podría dejarlos en la irregularidad administrativa durante años.
La modificación legal que entrará en vigor el 20 de mayo afectará de manera directa a quienes actualmente tramitan solicitudes de asilo o mantienen recursos abiertos frente a denegaciones anteriores. Este colectivo se enfrenta a una cuenta atrás crítica, agravada por la saturación de las oficinas municipales de Servicios Sociales debido a la falta de personal especializado.
En las últimas semanas, numerosos inmigrantes han acudido a las oficinas del Ayuntamiento de Vigo buscando orientación sobre los cambios que introduce la reforma legal en materia de extranjería. La nueva normativa establece condiciones diferentes para regularizar la estancia en España mediante la figura conocida como arraigo social, que pasará a exigir dos años continuados de empadronamiento en lugar de tres.
Aunque esta reducción podría parecer favorable, implica riesgos para quienes tramitan procedimientos de protección internacional o mantienen recursos ante negativas previas. Desde el 20 de mayo, cualquier resolución negativa provocará automáticamente la pérdida del tiempo acumulado de residencia, poniendo el contador a cero.
Esto obliga a los afectados a iniciar nuevamente otros dos años completos en situación irregular antes de poder solicitar arraigo social. El problema se ha hecho especialmente visible en las oficinas municipales donde los servicios sociales están colapsados. Los inmigrantes han encontrado graves dificultades para recibir asesoramiento debido al retraso de las citas, que ahora se fijan para julio, claramente posteriores a la fecha crítica. Esta demora deja desprotegidas a muchas personas frente al cambio legislativo, generando confusión y desconfianza.
La única alternativa oficial ofrecida ha sido que los inmigrantes presenten reclamaciones administrativas ante la imposibilidad de obtener citas oportunas. Personas que se encuentran en este proceso de regularizar su estancia en nuestro país comentan que acuden al Ayuntamiento para realizar los trámites, donde les dan una cita con el abogado de inmigración y abrir la posibilidad de presentar una reclamación.
No obstante, estas reclamaciones generalmente no reciben respuesta, convirtiéndose en trámites meramente simbólicos y sin capacidad efectiva para resolver el problema. De este modo, muchos afectados han quedado con una falsa sensación de tranquilidad, desconociendo las verdaderas implicaciones de la nueva ley.
Muchos de los inmigrantes de países de América Latina, África o Asia desconocen el entramado administrativo español y confían en la orientación proporcionada por el Ayuntamiento. Al carecer de información oportuna, corren el riesgo de quedarse atrapados durante años en la economía sumergida, dependiendo de ayudas públicas y en condiciones laborales precarias. Asociaciones especializadas en la defensa de los derechos de los inmigrantes ya han mostrado su preocupación, solicitando al Ayuntamiento más recursos y personal urgente para evitar consecuencias dramáticas. Hasta ahora, estas demandas no han recibido respuestas eficaces. Numerosos afectados podrían perder oportunidades laborales legales y estables, retrasando su incorporación al mercado de trabajo formal.
Expertos señalan que los pasos correctos consisten en renunciar a la solicitud de asilo o recurso denegatorio y presentar antes del 20 de mayo en Extranjería la solicitud de arraigo acompañada, entre otra documentación, aunque no esté disponible, del informe de arraigo que elabora y firma el abogado de inmigración del Ayuntamiento, que está de vacaciones hasta mediados del mes que viene.
«La norma de Extranjería es una fábrica de trabajadores en B»
La Federación de Venezolanos de Galicia alerta de las graves consecuencias que el nuevo Reglamento de Extranjería tendrá sobre cientos de inmigrantes, especialmente venezolanos, que quedarán en situación irregular pese a llevar años residiendo en España. Su presidente, Manuel Pérez, junto a la técnica de información de la oficina de Vigo, consideran que la normativa que entra en vigor el próximo 20 de mayo no resuelve los problemas estructurales del sistema y consolida un modelo que aboca a los recién llegados a trabajar en la economía sumergida.
Desde la federación subrayan que exigir dos años de permanencia irregular sin ofrecer opciones legales de empleo convierte a los inmigrantes en mano de obra forzada al margen del sistema. «Esto mantiene una fábrica de trabajo en B», señala su presidente, quien lamenta que España no facilite un acceso temprano a la regularización para personas que vienen a trabajar y contribuir al país.
Además, advierten que la reforma legal no reconoce el tiempo ya acumulado en procesos anteriores de asilo o trámites en curso. Aseguran que, quienes no hubieran recibido resolución firme antes del pasado 20 de marzo —fecha límite establecida con 60 días de antelación— verán reiniciado su contador a cero y tendrán que esperar otros dos años en situación irregular para volver a iniciar el proceso.
Ana Sara Lera, técnica de información de la federación en Vigo, señala que los retrasos en empadronamientos y citas en extranjería agravan aún más el problema. «Muchos llevan dos años esperando, y ahora deben volver a empezar», denuncia. Asegura que cada día atiende casos dramáticos en sus oficinas.