El agujero negro de la piscina de A Cañiza: un año cerrada y 1,5 millones de pérdidas

A CAÑIZA

El alcalde proyecta una reforma de 740.000 euros para reducir agua y aislar
11 oct 2021 . Actualizado a las 22:01 h.El mantenimiento de la piscina municipal de A Cañiza provoca «un déficit de 174.000 euros al año», asegura el alcalde, Luis Piña. El regidor explica con estos números y la dificultad añadida de aplicar la normativa sanitaria del covid por qué mantiene las instalaciones cerradas desde hace más de un año. Según sus cuentas, «en los nueve ejercicios anteriores se acumularon 1,4 millones en pérdidas». A esta factura, y a la polémica generada tanto en A Cañiza como en municipios limítrofes desde los que acudían usuarios al servicio, se le suma otra de 129.000 euros que el Concello tendrá que abonar por orden judicial. Es el monto que resulta de lo que se le adeuda a la empresa que cambió los equipos de renovación y climatización del aire en el 2019, más 8.000 euros de intereses de demora, según recoge la sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 2 de Pontevedra que ha hecho pública el PP.
Las instalaciones de 1.726 metros cuadrados, con una piscina olímpica de 312,75 y un vaso de 75, obligarán al Ayuntamiento a pagar pese a estar cerradas, «por perder las subvenciones de la Xunta que sumaban 109.906 euros» concedidas en mayo del 2019, defiende el líder popular y exregidor Miguel Domínguez. El PP señala que el PSOE, tras tomar posesión en junio del 2019, «solo tenía que contratar y justificar la obra». Las obras remataron el 31 de diciembre del 2019, un mes más tarde que la fecha máxima estipulada, tras ampliarse 30 días, para justificar la obra y por ello se perdió la subvención acudiendo la empresa al juzgado para poder cobrar su trabajo.
«Es gravísimo que Piña contrate una obra cuando sabe que no va a cumplir los plazos y que, por lo tanto, va a perder las subvención. Pero aún es más grave negarse a pagarla y que sea el juzgado el que lo ordene, por lo que ahora hay que pagar además los intereses de demora, las costas y los gastos de abogados», indica Domínguez.
El alcalde achaca a su antecesor «la responsabilidad política ya que lanzó un proyecto exclusivista que en todo el mercado español solo podía hacer una empresa». Señala que la demora se produjo tras declararse desierto el concurso porque esa empresa presentó mal la documentación y que la misma fue la que tardó más en rematar el trabajo porque hacían la máquina en Braga y les falló un proveedor. Piña indica que «tenemos una presión judicial muy fuerte por el escenario que heredamos con 4 millones pendientes en facturas, pero existe intención de pago».
El anteproyecto con el que cuenta el gobierno local para reabrir la piscina supondría un nuevo desembolso de 740.000 euros, avanzó ayer el regidor. Piña indicó que su posible reapertura, en el horizonte del 2023, pasaría por conseguir las subvenciones pertinentes para hacer frente a esta reforma y que ya han solicitado una de 500.000 euros a la Diputación de Pontevedra. Esa reestructuración implicaría, adelantó, reducir en un 40 % el volumen del agua quitando la piscina pequeña y subiendo la altura de la grande, mejorar el aislamiento de la instalación y cambiar el sistema de calentamiento de diésel por pellets.