El Consello Consultivo de Galicia tendrá que dictaminar si es legal la ruptura
05 sep 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Cangas también tiene su propio proceso de desconexión, el del contrato del agua, rubricado hace dos años con la unión temporal de empresa Gestión Cangas por 60 millones de euros. El pleno municipal del próximo día 11 votará para rescindir este acuerdo. El gobierno tripartito acusa de incumplimiento a la empresa Aqualia y su aliada Civis Global que gestionan el abastecimiento, saneamiento y depuración en el municipio.
El alcalde, Xosé Manuel Pazos, de Alternativa Canguesa de Esquerdas, explica que se trata tan solo del inicio del expediente. En el caso de que el pleno lo apruebe, la empresa tiene posibilidad de recurrir y, en cualquier caso, antes de la rescisión debe pasar por el Consello Consultivo de la Xunta.
El gobierno local considera que hay motivos suficientes para romper el contrato. Para sustituir a la actual empresa, Pazos insiste en que se van a estudiar «todas las alternativas viables», desde la municipalización total hasta una «empresa mixta». Esta la posibilidad más factible. La desconexión de Aqualia no sería repentina sino que habría una transición de seis meses.
La concejala de Vías y Obras, Mercedes Giráldez, del BNG, asegura que la UTE ha incurrido en «numerosos incumplimientos» del acuerdo aprobado durante el mandato del anterior gobierno municipal. En los últimos meses ha habido muchos problemas en el servicios de saneamiento, el último de ellos vertidos en Liméns. Giráldez dice que no funcionan adecuadamente los bombeos y cuando la depuradora se ve desbordada alivia las aguas sucias en el mar. Las fuerzas de seguridad han tramitado denuncias por vertidos en Vilariño, en las inmediaciones de la lonja del puerto de Cangas, en la zona de A Congorza y desbordes del aliviadero de la depuradora de A Balea.
El tercer socio de gobierno, la Asemblea pola Unidades aplaude también la apertura de un expediente de rescisión a la unión temporal de empresas por los problemas con la concesionaria.
Según el contrato, la UTE tienen que hacer inversiones por importe de 3,5 millones de euros, de los cuales hay una serie de actuaciones urgentes que tendrían que estar ya ejecutadas.
Otro de los compromisos que supuestamente no se ha cumplido es la elaboración de un estudio de impacto ambiental y finalmente acusan a la empresa de no presentar los certificados ISO que acreditan una buena gestión ambiental.
La empresa ha declinado hacer una valoración al respecto pero confía en que la sangre no llegue al río y no se produzca la ruptura del contrato.
Si esta se llevase a cabo tendría enormes consecuencias. Según Pío Millán, edil del PP y antiguo responsable de Hacienda, «no hay ningún informe jurídico sobre las consecuencias que puede tener una municipalización. es una locura». El portavoz popular, José Enrique Sotelo, está de acuerdo con que se debe cumplir el contrato pero también señala que los problemas hay que solucionarlos de otra manera. Sotelo está convencido de que «no van a municipalizar nada» y recuerda que el gobierno local ha promovido una serie de privatizaciones. Desde el PP añaden que «en lugar de ser prácticos y corregir algunas cosas lo que hacen es una huida hacia adelante».
25
Años
Es la vigencia del contrato que asciende a casi 60 millones de euros por el ciclo integral