Deberá indemnizar con 250 euros al profesional por golpearlo cuando estaba de espaldas. Se trata de un delito de atentado contra la autoridad, lo que crea un precedente
13 mar 2025 . Actualizado a las 00:44 h.El Juzgado de Cangas ha condenado a cuatro meses de prisión a una mujer por agredir a un técnico de emergencias del 061 en el Centro de Salud de la localidad. Los hechos, ocurridos en marzo de 2023, han sido calificados como un delito de atentado contra la autoridad, dado que la agresión se produjo mientras el sanitario prestaba un servicio público.
Según la sentencia, la acusada golpeó al técnico sin motivo aparente, aprovechando que se encontraba de espaldas, con la intención de menoscabar su integridad física. Además de la pena de prisión, la condenada deberá pagar una indemnización de 250 euros, las costas procesales y estará inhabilitada para el sufragio pasivo durante el mismo período. La pena se redujo tras aceptar la condena en conformidad para evitar llegar a juicio.
La sentencia ha sido valorada como un hito importante por los profesionales del sector, ya que hasta ahora las agresiones al personal técnico de emergencias se castigaban como delitos leves de lesiones, con multas mínimas. Esto se debía a que, aunque prestan un servicio público esencial, no son considerados funcionarios al estar contratados a través de empresas privadas. En este caso, el abogado Ignacio Amoedo, del bufete Valvigo Abogados, logró que el delito fuera calificado como atentado contra la autoridad, lo que sienta un precedente en la protección de estos trabajadores.
Tres casos más pendientes de resolución
El Juzgado de Cangas aún tiene pendientes de resolución tres casos más de agresiones a personal del 061 entre 2022 y 2023. Uno de ellos destaca por su gravedad: un técnico fue atacado por tres personas al mismo tiempo y tuvo que ser rescatado por la Guardia Civil, que intervino para evitar que siguieran golpeándolo. En ese incidente, el personal del centro de salud tuvo que refugiarse en una consulta para evitar ser agredido.
Desde la Confederación Intersindical Galega (CIG), sindicato mayoritario en el sector, denuncian la falta de protección para el personal de emergencias. «Ningunha das empresas concesionarias en Galicia está a cumprir o protocolo de actuación ante agresións asinado e publicado no Diario Oficial de Galicia (DOG)», afirman desde la central sindical.
Además, ha solicitado recientemente la convocatoria de la mesa de seguimiento de los concursos públicos de ambulancias, un compromiso adquirido por la Secretaría Xeral Técnica de la Consellería de Sanidade tras la crisis con la empresa Ambulancias do Atlántico el pasado año. Sin embargo, denuncian que las compañías del sector no están formando a su personal en técnicas de autodefensa ni proporcionando equipamiento de seguridad. «O persoal de ambulancias non dispón nin tan sequera dun radioteléfono portátil para cada sanitario co que poder comunicarse para pedir auxilio, tendo que compartir un por ambulancia».
La CIG también reclama que se dote a los trabajadores de herramientas defensivas y disuasorias como chalecos anti-trauma y anti-pinchazos o cámaras subjetivas. Actualmente, deben depender exclusivamente del auxilio de las fuerzas del orden, a pesar de que en muchas ocasiones no hay patrullas disponibles.
Por último, el sindicato lamenta que el personal de ambulancias, al estar contratado por empresas privadas, quedará fuera de la reforma legislativa anunciada por la Xunta para proteger a los sanitarios en caso de agresión. «Esixiremos que se inclúa a todo o persoal que depende de empresas privadas, entre os que se atopa o persoal de ambulancias, de limpeza ou hospitais privados».