Dos años de prisión para la líder de una trama de Vigo que imprimía boletos de sorteos de discapacitados y los vendía sin licencia
MOAÑA

No podrán ejercer oficios relacionados con los juegos de azar durante dos a cinco años y pagarán multas que oscilan entre 67.000 y 135.000 euros
01 nov 2023 . Actualizado a las 05:00 h.La líder de una banda que vendía de contrabando cupones ilegales de personas con diversidad funcional en Cangas y Vigo e imprimían en Moaña en el 2020, aceptó ayer dos años de cárcel y una multa de 135.335 euros. Otros tres cómplices se conformaron con año y medio de cárcel y multa de 135.000 euros, dos de ellos, y 9 meses de prisión y multa de 67.000 euros el otro. Se les prohíbe ejercer oficios o actividades relacionadas con los juegos de azar durante cinco años para la principal condenada, y de tres o dos, para el resto.
La vista de conformidad se celebró ayer en el Juzgado de lo Penal número 1 de Vigo y cuatro acusados se declararon culpables de un delito de contrabando. La condena quedó suspendida durante dos años y no ingresarán en prisión si no delinquen. Se les aplica el delito de contrabando porque no tenían autorización del Estado para vender los cupones. Es decir, imprimían lotes de boletos en Moaña pero estos carecían de un sello oficial.
La implicada asumió la organización de la red tras el fallecimiento de la persona que se dedicaba a gestionarla pero actuó sin licencia. Cada semana enviaban paquetes a vendedores de toda España. En total, tenían 18 vendedores en activo. Vinculaban los sorteos a la ONCE.
La Fiscalía identificó como vendedores, desde el 2020, a uno de Nigrán, otro de Moaña, dos de Bilbao, otro de Plasencia, tres de Alcalá del Río (Sevilla), dos de Córdoba, una de Chiclana de la Frontera, dos de Vilagarcía de Arousa, tres de Ourense, uno de Cangas y otro de A Coruña. La Fiscalía no pudo acreditar que las conductas realizadas por estos vendedores aislados alcanzasen los 50.000 euros, ni que conociesen el alcance de la actividad que realizaba. Por eso, solo llevó a juicio a cuatro.
La trama fue ideada antes del 2020 por otras personas para obtener una ventaja económica y al margen de toda autorización pública, un sorteo que simulaba estar organizado en favor de organizaciones para la atención a personas con discapacidad y que comercializaba cupones de lotería bajo la denominación «cupón del minusválido» o «cupón del discapacitado».
Al menos, desde el mes de julio del 2020, la principal acusada se encargó de la fabricación de los cupones bajo la denominación «Cupón de discapacitado» o
«Cupón del minusválido» que aparentaban ser emitidos por una asociación de discapacitados, de nombre Adiga (Asociación de Discapacitados de Galia) o Discade (Asociación de Discapacidad y defensa). Dichos cupones presentaban un valor nominal de uno o dos euros, en el que constaba la fecha del sorteo y un número, vinculados a los de la ONCE. En el reverso constaban los premios (entre 30.000 y un euro) que se ofrecen en metálico de coincidir su numeración con la premiada en dicho sorteo.
Las acusadas sabían que carecían de cualquier autorización por parte de la Administración Pública o de la ONCE para ello.
También tenían para comercializar unos cupones llamados «Rasca la silla de la suerte» con un donativo de 50 céntimos.