La Fiscalía acusa al implicado de instalar prefabricados sin licencia municipal, en suelo rústico y en un corredor ecológico
28 sep 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La Fiscalía pide dos años de cárcel para un vecino de Nigrán por montar una piscina prefabricada en su finca sin licencia municipal entre el 2013 y 2014, lo que constituiría un delito contra la ordenación del territorio. También propone que se le multe con 5.400 euros y se le inhabilite para ejercer el oficio de constructor o promotor inmobiliario durante año y medio. Por último, el Ministerio Público reclama que se derribe la instalación supuestamente ilegal. La parcela está clasificada como apta para urbanizar en Canido y Vilameán, ambos sin desarrollar, y como suelo rústico de especial protección y en un corredor ecológico del litoral.
El juicio iba a celebrarse ayer en el juzgado de lo penal número 2 de Vigo pero fue suspendido.
La acusación sostiene que dicho vecino hizo obras de cierre y de excavación para colocar una piscina prefabricada en una parcela de Nigrán de 1.064 metros cuadrados y que es propiedad de una constructora. La Policía Local de Nigrán acudió al lugar el 18 de octubre del 2013 y, al detectar posibles irregularidades, el alcalde dictó un decreto que ordenó la inmediata suspensión de las obras. El expediente fue remitido a la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística.
La Fiscalía sostiene que el implicado hizo caso omiso a las advertencias de la Administración y continuó con sus obras. En marzo del 2014 puso una piscina prefabricada en poliéster en el hueco excavado y hormigonado y cerró el perímetro.
Siempre según la acusación, el implicado también arregló el jardín y aprovechó el hueco para colocar una casa prefabricada que cuenta con acometidas de agua y saneamiento, así como una caseta, una carpa y una piscina de plástico desmontable. Así lo comprobaron agentes de la Policía Autonómica que fueron a inspeccionar la finca en septiembre del 2014.
Barbacoa
Las obras continuaron y el dueño de la parcela añadió una barbacoa adosada a un muro de cierre, según descubrió la Policía Local de Nigrán en otra visita en marzo del 2016.
La Fiscalía recalca que todas las instalaciones se realizaron, supuestamente, sin que el propietario obtuviese las licencias y autorizaciones urbanísticas a excepción de una de la Consellería de Medio Ambiente para cerrar la parcela en el lado de la carretera.
Desde el 2014 hay órdenes de la agencia de protección para que el dueño derribe todo sin que se haya cumplido nada.