Los afectados sostienen que es una vía pública y el promotor de las obras aporta sentencias que concluyen que «la servidumbre es de la propia finca». La asociación de vecinos culpa al Concello de no haber inventariado el paso y advierte que «vamos a seguir luchando»
14 mar 2024 . Actualizado a las 05:00 h.Los vecinos de la parroquia de San Pedro de A Ramallosa han hecho un frente común contra el cierre de un camino. Ayer se concentraron más de una veintena para denunciar el bloqueo del Camiño da Camesella. Aseguran que este paso por el que circulan a diario los vecinos figuraba en el catastro como camino en el 2017 y ahora como servidumbre de paso y que un nuevo propietario ha levantado un muro cerrándolo y desmontando también un muro paralelo para cerrar su finca. Por su parte, el dueño de los terrenos de la propiedad en obras aporta sendas sentencias, una en primera instancia y otra que la ratifica en la Audiencia, que concluyen que no está acreditado como camino público. «No es un camino público ni una zona de servidumbre pública como dictaminan las sentencias. Yo compré un un título que recoge que la servidumbre es de la propia finca y estoy actuando de manera legal y amparado por la autorización del Concello de Nigrán para el cierre de la finca con piedra del país al ser núcleo rural y según el alineamiento del permiso», indica José Ramón González.
La asociación de vecinos La Unión de A Ramallosa advierte que no van a cejar en su empeño. «Vamos a seguir luchando para que se demuestre que es un camino público. El fallo es del Concello por no tener registrado como público este camino, hormigonado hace treinta años y con todos los servicios públicos», defiende el presidente el colectivo, José Luis Taboada, que advierte de una situación similar de otros caminos en el municipio.
Los demás vecinos sostienen que el cierre de este paso afecta a todos «porque además de que hay una docena de casas en la zona, es uno de los pasos para ir al parque empresarial». «Ahora hay que dar un rodeo por una pendiente que la gente mayor tampoco puede subir», sostiene Ángel Alonso Fernández, que el lunes presentó denuncia, tanto ante la Guardia Civil como en el Concello y ha contratado, con otro afectado, un abogado para seguir el pleito en el juzgado.