La larga sombra de la crisis se cierne sobre la viabilidad de algunas empresas ourensanas, aquejadas en algunos casos por graves problemas de solvencia que supone que las mismas se acojan a los procedimientos desarrollados bajo los supuestos establecidos en la Ley Concursal. Si la primera parte de este año ofrecía ya algunos síntomas de que algunas sociedades atravesaban graves problemas, los datos referidos al segundo semestre ya despejan todas las dudas.
De acuerdo con los datos facilitados ayer por el Colegio de Economistas de Ourense, hasta el pasado mes de junio habían sido cuatro empresas en la provincia las que se incluyeron en este procedimiento, pero desde ese mes hasta la fecha actual, los casos se han multiplicado por tres ya que a comienzos de noviembre se cuantifican once más. Este hecho, efectivamente, demuestra que la situación económica de las compañías que iniciaron procesos concursales no daba más de sí y optaron por atenerse a lo estipulado por la ley.
En síntesis, el marco normativo que regula estos procesos va destinado a empresas que han incumplido pagos, sobre todo a la administración pública -Hacienda o Seguridad Social, entre ellos-, tienen deudas también con proveedores o con las entidades financieras. Será en todo caso la autoridad judicial quien valide y vigile el procedimiento. Para que prospere además el acogimiento a la ley tendrían que haberse agotado ya las garantías de la propia empresa, tales como las hipotecarias de la propia sociedad o las personales del representante de la compañía.
Contexto
La situación que se visualiza en Ourense no es en ningún caso aislada ya que el resto de Galicia y las otras provincias del Estado refieren síntomas similares. Los últimos datos ofrecidos por el Colegio de Economistas avanzan que en Pontevedra se han dado 44 casos, mientras que en A Coruña se han descrito 19. El mejor dato lo da Lugo, incluso mejor que Ourense, ya que en ese caso se han contabilizado tres concursos, mientras que en la provincia ourensana han aparecido los citados quince casos desde que comenzó el presente año.
En el resto de España la situación es peor ya que se contabilizan a junio 631 procedimientos, un 172% más que en el mismo período del 2007.