El Gobierno espera transferir a las comunidades en un mes y medio los 7.000 millones destinados al rescate de las empresas
12 mar 2021 . Actualizado a las 13:53 h.Unos 7.000 millones de euros llegarán a las pymes y autónomos en las próximas semanas en forma de ayudas directas. Esa es una de las partes que forman el paquete de 11.000 millones que aprobó este viernes el Consejo de Ministros. Esta es la letra pequeña del decreto ley aprobado.
Negocios especialmente afectados
Las ayudas estarán dirigidas a aquellos negocios especialmente afectados por la pandemia como la hostelería, la restauración, el comercio al por mayor y minorista, sectores auxiliares del transporte o relacionados con la cultura.
Un monto especial para Baleares y Canarias
Las ayudas a pymes y autónomos ascienden a 7.000 millones de euros. De ellos, 2.000 millones estarán reservados a Baleares y Canarias por ser las dos regiones más afectadas por las consecuencias de la pandemia debido a su dependencia del turismo. Los otros 5.000 millones irán destinados al resto de comunidades autónomas y se repartirán en función de los mismos criterios aplicados en los fondos ReactEU: impacto de la pandemia en la riqueza de la comunidades autónomas, impacto de la crisis en el desempleo e impacto en el desempleo juvenil.
¿Cuánto recibirán las empresas?
El importe de la ayuda varía en función del tipo de empresa. Así, los autónomos que cotizan en el régimen de estimación objetiva en el IRPF podrán optar a una cantidad fija de 3.000 euros. El resto de autónomos y empresas podrán solicitar ayudas que se moverán en un rango de entre 4.000 y 200.000 euros.
¿Cómo se calculará el importe?
El importe de las ayudas ascenderá a un máximo del 40 % de la caída adicional de ingresos sufrida por la pandemia para micropymes y autónomos. Ese porcentaje se reduce al 20 % en el caso del resto de empresas. Se podrán acoger aquellos negocios que hayan perdido al menos un 30 % de sus ingresos en el 2020.
¿Para qué se podrán utilizar?
Las ayudas tienen carácter finalista. Es decir, que se tienen que utilizar para pagar las deudas contraídas desde marzo del 2020, como pago a proveedores, suministros, salarios, arrendamientos o deuda financiera.
¿Qué requisitos habrá que cumplir?
Habrá requisitos. Las empresas que accedan a las ayudas tendrán que mantener su actividad hasta junio del 2022. Y hay más. Porque estará prohibido el reparto de dividendos y el aumento de las retribuciones del personal directivo. También tendrán que estar al día del pago de obligaciones tributarias y no operar en paraísos fiscales.
Reestructuración de préstamos
El Gobierno también ha lanzado otra línea de ayudas al margen de las directas. Se trata de una reestructuración de préstamos ICO, que estará dotada con 3.000 millones. A través de esta línea, las empresas tendrán tres posibilidades: ampliar los plazos de vencimiento de los créditos; convertirlos en préstamos participativos y, como último recurso, se podrían realizar transferencias directas a las empresas para reducir el principal del crédito.
Fondo de recapitalización
Los 1.000 millones restantes de los 11.000 aprobados se utilizarán para crear un fondo de recapitalización. Será gestionado por Cofides y estará pensado para complementar el fondo de rescate de 10.000 millones de la SEPI. Por ello, estará pensado para empresas que, por su tamaño, no pueden acceder a este último.
Montero: «El propio decreto ley autoimpone una tarea al gobierno de España para que en el plazo de un mes y diez días tenga formalizada la orden de reparto de ese segundo compartimento de ayudas directas dirigidas a todas las comunidades autónomas. Y por otra parte la firma de convenios con cada una de ellas que permita asegurar el rendimiento de la información. Y básicamente la colaboración que la Agencia Tributaria va a tener con las autonomías para que conozcan los datos sobre la elegibilidad de las empresas. La Agencia Tributaria va a proporcionar la información sobre las empresas que han visto caer su facturación un 30 %».
Preguntada sobre cuándo llegarán las ayudas al tejido productivo, Calviño evita dar fechas pero asegura que «se movilizarán los recursos en un plazo muy reducido».
Calviño: «Además de estos cuatro pilares fundamentales, se incluyen otras medidas como la ampliación de los plazos y alivio de los costes para la devolución de ayudas o financiación de la secretaría general de industria y de la pyme. La ampliación a cuatro meses del aplazamiento de pago de deudas tributarias sin intereses de demora. La posibilidad de que las empresas puedan seguir celebrando juntas generales por vías telemáticas».
Calviño: «El cuarto elemento de este decreto es la extensión hasta final de año de las moratorias para el desencadenamiento automático de los procesos concursales».
Calviño: «Para el acceso a todas estas ayudas las empresas deberán mantener su actividad hasta el 30 de junio del 2022, no podrán repartir dividendos, ni podrán incrementar las retribuciones de la alta dirección durante dos años»
Calviño: «En tercer lugar, se crea un fondo de recapitalización de empresas afectadas por el covid dotado con 1.000 millones que será articulado a través de Cofides. Complementa el fondo de la SEPI de 10.000 millones de euros para la recapitalización de empresas estratégicas. Dispondrá de distintos instrumentos para reforzar los balances de las empresas»
Calviño: «El decreto también crea una línea para la reestructuración de la deuda financiera dotada con 3.000 millones de euros. Se trata de que el ICO pueda acompañar los procesos de reestructuración de empresas viables con problemas transitorios. Se puede actuar en tres niveles. En primer lugar se pueden extender los plazos de vencimiento de los préstamos, esto sería adicional a la ampliación de los plazos que aprobamos en noviembre. También prorrogamos hasta el 31 de diciembre del 2021 la posibilidad de solicitar la financiación garantizada a través del ICO. Un segundo nivel de actuación contemplaría la posibilidad de convertir estos préstamos en préstamos participativos manteniendo la cobertura del aval público. Y un tercer nivel excepcional y de último recurso permitiría realizar transferencias directas a autónomos y pymes para la reducción del principal de la financiación avalada contraída durante la pandemia».
Calviño: «Las ayudas podrán compensar hasta un 40 % de la caída adicional de ingresos para las micropymes y autónomos y hasta un 20 % para el resto de empresas. Se establece una cantidad fija de 3.000 euros para los autónomos que tributan en régimen de estimación objetiva (por módulos) y un rango de entre 4.000 y 200.000 euros para el resto de empresas. Los topes máximos podrán ser elevados en Canarias y Baleares pero siempre dentro de los límites y de acuerdo con los procedimientos de control de ayudas de Estado de la UE».
Calviño: «Las comunidades podrán conceder ayudas no reembolsables de carácter finalista que se deberán destinar al pago de deudas contraídas desde marzo del 2020 (tanto facturas, gastos fijos, deudas financieras...). Podrán acceder a las ayudas las empresas cuyos ingresos hayan caído como mínimo un 30 % con respecto al 2019. Además, dentro de un conjunto de sectores y actividades, casi cien, que son las más afectadsa por las restricciones».
Calviño: «La nueva línea de 7.000 millones de euros de ayudas directas tiene dos compartimentos. Un primer compartimento de 5.000 millones de euros para todas las comunidades (salvo Canarias y Baleares) a repartir según los mismos criterios aplicados al reparto de los fondos React EU. Y un segundo compartimento de 2.000 millones con las empresas de Canarias y Baleares»
Calviño: «A la hora de considerar las necesidades de los territorios y las empresas resulta evidente el impacto diferencial de la pandemia en Baleares y Canarias, debido al alto peso del turismo. Las empresas y autónomos de Baleares y Canarias tienen que tener un tratamiento especial en este Real Decreto Ley»
Calviño: «Paralelamente, avanzamos en la necesaria de modernización y agilización de nuestro marco concursal mediante la trasposición de la correspondiente directiva»
Calviño: «Adicionalmente se extienden hasta final de año las moratorias concursales y las medidas de agilización en el ámbito de la justicia para proporcionar a nuestra economía un marco que permita restrablecer los equilibrios patrimoniales de las empresas o abordar procesos de reestructuración primando la continuidad de la actividad empresarial y sin desencadenar procesos innecesarios de destrucción de valor».
Calviño anuncia que el Real Decreto ley se articula alrededor de tres nuevos fondos:
- Línea de 7.000 millones para ayudas directas a empresas y autónomos para el pago de gastos fijos y deudas con proveedores. «Se trata de que las ayduas lleguen al conjunto de la economía y se evite que el sobreendeudamiento lastre la recuperación».
- Línea de 3.000 millones para que el ICO pueda acompañar los procesos de reestructuración de deuda financiera con aval pública
- Fondo de 1.000 millones gestionado por Cofides para la recapitalización de las empresas por debajo de los umbrales que permiten acceder al fondo de la SEPI
Calviño: «El Gobierno moviliza a partir de hoy 11.000 millones de euros más para proteger a las empresas y sectores más afectados por la pandemia»
Calviño: «La Comisión Europea comunicó la semana pasada que España fue, más allá de los anuncios públicos, el estado miembro de la Unión que movilizó en la práctica el porcentaje de ayudas más relevante en relación con el PIB en el 2020»
Calviño: «Con las medidas aprobadas hoy, el total previsto para el 2021 supera ya el 2 % del PIB»
Calviño: «Los avales del ICO han sido claves para asegurar la liquidez durante el 2020. Son más de 121.000 millones de euros los que se han movilizado sobre todo para las pymes y los autónomos».
Calviño: «Las cifras de trabajadores sujetos a ERTE tras el pico de la tercera ola han comenzado a reducirse en paralelo a la desescalada de las medidas de contención. Las cifras más recientes apuntan a una reducción de 136.000 trabajadores en ERTE desde ese máximo»
Calviño: «Las previsiones de todos los organismos apuntan a una aceleración de la actividad a lo largo del año, particularmente en la segunda mitad de 2021 y un crecimiento muy significativo en el 2022»
Calviño: «Como consecuencia de las medidas de limitación de movilidad y actividad, los indicadores de actividad nos muestran señales mixtas coherentes con estas restricciones y que apuntan a una ralentización de la recuperación, en línea con la evolución registrada en el resto de países europeos en esta tercera ola»
Calviño: «Se trata de una norma que se une a la batería de medidas que hemos venido poniendo en marcha desde marzo que hemos puesto en pie para apoyar a las empresas, a los autónomos y a las familias. En este caso, se trata de anticiparnos a posibles problemas de solvencia empresarial con impacto macroeconómico. Es decir, tratamos de aliviar la caída de ingresos y sobreendeudamiento de las empresas y que ello pueda poner en riesgo la supervivencia de empresas viables y con ello se lastre la recuperación»
Habla Nadia Calviño para dar el detalle del fondo de ayudas
Montero: «El año pasado movilizamos en torno a un 20 % del PIB para anticiparnos a las cuestiones que las empresas y que el tejido productivo pudieran desarrollar para evitar que se produjera una salida de personas del mercado laboral y que se incrementara uno de los problemas que más preocupa al Ejecutivo como es el mantenimiento y la creación de empleo. Nunca antes se había hecho un esfuerzo de esta magnitud dirigido al conjunto de empresas y al conjunto de trabajadores. Igual que hemos estado protegiendo el modelo productivo igualmente hemos protegido el bienestar de la familia y de la calidad de nuestros servicios públicos. Junto a estas medidas, hay que recordar que las autonomías durante el 2020 y el 2021 a pesar de la crisis económica han recibido la mayor financiación de su historia»
María Jesús Montero: «Las medidas que hoy adoptamos son la continuación de un esfuerzo mantenido que el Gobierno ha ido realizando desde el inicio de la pandemia sanitaria, justamente en estos días se cumple un año desde que se declaró el primer estado de alarma»
Arranca la rueda de prensa. Comparecen María Jesús Montero, ministra de Hacienda, y Nadia Calviño, ministra de Economía para explicar el plan de ayudas a empresas.
Luz verde al plan de rescate para las empresas españolas. El Consejo de Ministros extraordinario convocado para hoy ha aprobado el fondo que anunció hace dos semanas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Dotado con 11.000 millones, este salvavidas destinará un total de 7.000 millones en ayudas directas a pymes y autónomos. Los fondos, que servirán para cubrir los gastos fijos y deudas a proveedores de los negocios, se transferirán finalmente a las comunidades autónomas, como defendían la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Eso sí, la Agencia Tributaria vigilará la concesión. Cualquier inyección deberá estar justificada. Los negocios tendrán que demostrar una caída de facturación del 30 % durante la pandemia.
Estaba previsto que la medida recibiera el visto bueno del Consejo de Ministros el pasado martes tras ultimar los últimos detalles en el fin de semana, pero tras las exigencias de Unidas Podemos de incrementar las ayudas directas y ante la necesidad de perfilar los últimos flecos técnicos, se ha retrasado su aprobación hasta este viernes.
El plan también incluye una partida de 3.000 millones de euros para la reestructuración de los créditos avalados por el ICO, que ascienden en la actualidad a 117.758 millones de euros, de los cuales, 89.376 son en garantías. Otra partida de 1.000 millones se destinará a recapitalizaciones de empresas medianas que se han quedado sin caja para continuar abiertas.