El Consejo recomendó al país una política presupuestaria «prudente»
08 oct 2021 . Actualizado a las 09:31 h.Con altas dosis de cortesía y algo de mano izquierda, Bruselas ha tratado de evitar los reproches a las políticas presupuestarias de España, aunque ya venían siendo más expansivas de lo que se podía permitir el país desde antes de la pandemia. El Ejecutivo comunitario no quiere repetir errores del pasado, por eso insiste en no escatimar en gasto público productivo, aquel destinado a transformar el tejido económico. No obstante ha mostrado sus reservas en torno al aumento del gasto corriente, que el Gobierno de Sánchez ha vuelto a reforzar con estos Presupuestos.
La partida de las pensiones (171.165 millones de euros), la más cara para el Estado, aumentará un 4,8 %, el gasto en personal público un 3,4 %, ambas por encima del alza del 2,6 % del gasto en educación, que se tendrá que conformar con 5.023 millones de euros. Y es precisamente el gasto sostenido en pensiones y salarios públicos lo que más preocupa a la Comisión Europea, porque no tiene impacto en el crecimiento potencial de la economía ni contribuye a la sostenibilidad de las finanzas públicas, comprometida tras un año y medio de pandemia.
Este mismo año, Bruselas alertó a España de que su magnificencia con estos dos colectivos -al que los partidos políticos suelen premiar para granjearse su apoyo- podría salir cara a largo plazo: «Las medidas deberían evitar crear una carga permanente en las finanzas públicas». Vincular su revalorización a la evolución de los precios no cuenta con su apoyo.
El Consejo incidió sobre este mismo punto en sus recomendaciones a España el pasado mes de junio: «Preste especial atención a la composición de las finanzas públicas, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, y a la calidad de las medidas presupuestarias». Sugiere exprimir al máximo las ayudas europeas para tener un mayor margen de gasto corriente -a cargo del Estado-, pero siempre con «medidas presupuestarias prudentes».
Previsiones optimistas
Los Presupuestos dan por hecho que se reducirá un 4,7 % el gasto en pago de intereses por la deuda. La factura total ascenderá a los 30.223 millones de euros en el 2022, según Hacienda, que confía en que el Banco Central Europeo (BCE) mantendrá estables los tipos de interés. ¿Cómo es posible? El Gobierno confía en que no tendrá que pedir tanto dinero prestado y en que la evolución positiva del PIB -prevé un crecimiento de hasta el 7 %- le permitirá aumentar los ingresos de las arcas del Estado un 8,1 % y así reducir la deuda del 119,5 % al 115,1 % del PIB; y el déficit, del 8,4 al 5 % (unos 55.000 millones de euros de ajuste pendiente a partir del 2023).
Las cuentas, así perfiladas, parece que encajan. No obstante, el Consejo General de Economistas cree que son muy optimistas: «Con lo que no contábamos era con el repunte de la inflación ni con un crecimiento por debajo de lo esperado, por lo que es posible que acabe mermando la recaudación prevista para atender ese aumento de gastos y que se incremente el déficit», alertaron.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) arrojó un jarro de agua fría la semana pasada sobre las previsiones del Gobierno al revisar a la baja el crecimiento de la economía española en el segundo trimestre del año, al pasar del 2,8 al 1,1 %.
Disciplina fiscal
¿Hasta cuándo podrá seguir aumentado el gasto? Las reglas de disciplina fiscal de la UE seguirán desactivadas hasta el 2023, aunque Bruselas ha pedido ya un plan de ajuste a medio plazo. Antes de final de año, los Veintisiete se reunirán para debatir cómo y cuándo saldrán de su hibernación.
La compra de vacunas en el 2022 costará 1.465 millones
El gasto corriente en bienes y servicios aumentará el año que viene un 16,7 %, hasta los 5.470 millones de euros. ¿A qué se debe esta derrama? No es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tenga pensado renovar el material de oficina de todas las Administraciones Públicas, sino que ha presupuestado 1.465 millones de euros -293 millones a cargo del programa europeo React EU- para la adquisición de vacunas, 457 millones más del recibo fijado para el 2021. ¿Cómo es posible?
Según explica el Ministerio de Hacienda, el Gobierno gastó este año más del doble (2.436 millones) de lo que había previsto en el 2020 al elaborar los Presupuestos del 2021 (1.008 millones). Y es que el Ejecutivo ha tenido que tirar de chequera -dinero público- para poder conseguir unidades suficientes con las que vacunar al 70 % de la población antes de finalizar el verano, como había prometido Sánchez en reiteradas ocasiones.
Cumplir ese objetivo ha tenido un sobrecoste de 1.428 millones de euros. El Gobierno justifica el desfase en las cuentas asegurando que «gracias a la ciencia se han puesto en el mercado muchas más vacunas» de las que habían imaginado en un primer momento.
Un 44 % más de fondos para el bono social térmico
Donde Bruselas no pondrá pegas es en las partidas destinadas a reducir el riesgo de pobreza entre los hogares más vulnerables (el 26,4 % del total). De hecho, es una tarea pendiente que arrastra el país desde la última crisis y que los sucesivos Gobiernos no han sabido subsanar.
Al menos el 9,1 % de los hogares españoles tiene problemas para poder mantener calientes sus casas. Se avecina el invierno y los precios de la electricidad -impulsados por la escasez de gas-anticipan problemas para quienes ya sufrían pobreza energética. Por eso el Gobierno anunció un aumento del 44 % (48 millones más) en la partida destinada al bono social térmico, que alcanzará en el 2022 los 157 millones de euros.
¿Quién se beneficiará de este incremento del gasto? El Ministerio de Hacienda calcula que 1,27 millones de hogares españoles. Eso supone un desembolso de apenas 10,3 euros al mes de media por familia.
La cuantía varía, claro, en función de dónde resida el beneficiario del bono térmico. Una persona en riesgo de exclusión social que viva en A Coruña, podía percibir hasta ahora 70,74 euros, mientras que alguien en esa misma situación en Lugo o en Santiago de Compostela percibiría 108,10 euros.
Los Presupuestos reservan 12.550 millones en programas para los jóvenes
Salarios precarios, alta temporalidad y enormes dificultades para poder acceder a una vivienda. Son algunos de los problemas más acuciantes que experimentan los jóvenes, en quienes se invertirán 12.550 millones de euros.
Los fondos se destinarán, entre otras cosas, a ayudas y becas de estudio (2.199 millones), FP (2.075 millones) y a las dos medidas estrella cuya autoría sigue en disputa entre los partidos de la coalición: el bono alquiler y el bono cultural.
El Gobierno movilizará 400 millones de euros para sufragar parte del coste del alquiler en zonas tensionadas a unos 40.000-50.000 jóvenes de entre 18 y 35 años con empleo. Podrán disfrutar de un cheque de 250 euros mensuales hasta un máximo de dos años. Aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró en un primer momento que solo se desembolsarían las ayudas para alquileres de hasta 600 euros, el Gobierno rectificó y dejó los detalles abiertos.
Otra de las partidas de gasto que se recogen en los Presupuestos es la de los 210 millones de euros que gastará el Estado para repartir bonos culturales en el 2022 entre los jóvenes de 18 años (entre 400.000 y 500.000).
Ayudas europeas
Estas partidas extraordinarias, que están lejos de solucionar los problemas de vivienda y de precariedad de los jóvenes, verán la luz en un contexto más favorable al gasto público que en la última crisis. Y es que solo en el 2022, España podría recibir hasta 27.633 millones de euros procedentes de la UE, no solo para su recuperación, también para la transformación de la economía. ¿En qué quiere el Ejecutivo gastar ese dinero? Los proyectos en el ámbito de la industria y la energía absorberán el 19,8 % de ese sobre. Los de I+D+i y digitalización concentrarán el 19,6 %. Las infraestructuras podrán acaparar el 17,4 %. El 9 % tendrá como destino las políticas de acceso a la vivienda y edificación. Comercio, turismo y pymes se repartirán 1.962 millones.
Los fondos llegarán condicionados. Y una de las exigencias que deberá cumplir el Gobierno es la de alumbrar una nueva reforma impositiva que permita cerrar la brecha de ingresos que separa a España de la media de sus socios europeos y garantizar un mejor reparto del esfuerzo fiscal.
