La Deputación pilota el proceso que apunta hacia la liquidación de Neria
Camariñas
Elaborará las cuentas pendientes de los últimos ejercicios y tasará los bienes
04 Mar 2017. Actualizado a las 05:00 h.
La dimisión en bloque de la comisión permanente de Neria, con su presidente, Javier González a la cabeza, ha servido al menos para detonar el proceso para resolver la más que complicada situación en la que se encuentra la entidad, acuciada por las deudas, sin nadie que la impulse y a merced del torrente de procesos administrativos y judiciales que se le vienen encima. De ahí que, según informa el propio González, en la última reunión mantenida con varios alcaldes implicados en la Deputación da Coruña, acordaran que el ente provincial va a prestar su apoyo técnico para tratar de desbloquear la situación, que se arrastra ya desde hace varios años.
En el momento actual la sucesión lógica de los acontecimientos pasaría porque los socios que quedan en Neria, que son los miembros natos y un pequeño puñado de empresarios y representantes de entidades, nombrasen una nueva comisión permanente. Eso se antojaba ya imposible, con lo que el presidente ya dimitido convocó a los alcaldes. La primera cita tampoco tuvo éxito y de ahí que se plantease la reunión en la ciudad herculina, a la que sí acudieron varios de los implicados.
Después de la salida de Muxía, en el mes de diciembre, quedan como miembros natos de Neria los concellos de Dumbría, Camariñas, Cee, Fisterra, Laxe y Carnota, además de la propia Deputación, que deben decidir los pasos a seguir, dentro del estrecho margen de maniobra que les queda.
Dado que Neria carece de recursos para acometer actuación alguna y las instituciones tampoco se los pueden transferir, dadas las deudas con Hacienda, la Seguridad Social y otros organismos, la salida se antoja más complicada. De ahí que hayan reclamado el auxilio de la Deputación.
Acordaron, como detalla González, que el gobierno provincial se encargue de la elaboración de las cuentas de los últimos ejercicios, que no han sido presentadas, con lo que eso puede suponer en cuanto a consecuencias legales, y tase los bienes. Una peritación, por tanto, servirá para conocer cuánto valen en realidad las propiedades de Neria, entre las que destaca, fundamentalmente, el edificio del casco antiguo de Cee en el que iba a instalarse el Centro do Coñecemento da Costa da Morte (C3M).
A partir de ahí se podrá conocer qué caminos le quedan a la entidad, aunque todo apunta a que la única puerta abierta es la del concurso de acreedores y, en último término, la liquidación de la entidad, que está a punto de cumplir los 25 años de historia.
Todos los informes emitidos por los servicios de intervención de la Deputación hablan de una situación económica desastrosa y han señalado en distintas ocasiones hacia el concurso como única vía a emprender. Hasta el momento directivos y responsables políticos habían negado la obviedad y trataron, al menos sobre el papel, de buscar otras opciones. Posibilidades que no fueron tales, porque tanto desde el organismo provincial como desde el Ministerio Industria, con el que tienen la mayor deuda -en torno a un millón de euros, por el C3M-, las respuestas o bien han sido negativas o directamente no las ha habido.
Situación real
Esa utopía de una solución política al conflicto se topaba de lleno con aspectos legislativos que impiden, por ejemplo, la dotación de fondos -incluido el pago de compromisos ya adquiridos- a una entidad en deuda con la Administración y además por varios frentes distintos, como es el caso de Neria.
Ahora queda por tanto poner negro sobre blanco cuál es el estado real de las cuentas y los bienes. Las memorias elaboradas por la propia asociación, en los momentos en los que aún defendía su viabilidad, hablaban de una suma de resultado cero. Es decir, que aproximadamente las propiedades y las cuotas pendientes de cobro a los Concellos y la Deputación serían suficientes para pagar a los acreedores. Sin embargo, esos números partían, por ejemplo, de que el C3M vale más de 800.000 euros, porque así se lo tasó el Banco Gallego para concederles un crédito que nunca llegó a aprobar. Constructores consultados dudan que nadie valla a pagar por él más de 300.000 euros, con lo que parece más que evidente que las deudas, por encima de los dos millones de euros, superarán ampliamente los recursos disponibles para hacerle frente.