El alcalde de Cee cumpliría un máximo de 18 años de cárcel por la Orquesta

Los delitos que la Fiscalía Provincial de A Coruña atribuye al alcalde de Cee, Ramón Vigo Sambade, en el marco de la conocida operación Orquesta o lo que queda de ella, llevan aparejados un total de 23 años de cárcel. Eso, en el caso de que las adjudicaciones de obras de la Casa da Cultura a la empresa Daniel Ogando sean consideradas un delito continuado de falsedad documental, porque, en principio, el ministerio público los señala como «delito continuado de prevaricación», que implica «nueve años de inhabilitación especial para empleo público», con lo que las penas totales quedarían reducidas a 17 años.

Sin embargo, como bien reiteró ayer el propio Vigo en RadioVoz Bergantiños, eso puede transmitir una idea engañosa sobre aquello a lo que verdaderamente se enfrenta el alcalde. El motivo es que la legislación penal española determina que en los casos en los que se da «unidad de acción», es decir, en términos muy simples, varios delitos con los mismos actos, no se suman las penas de los distintos hechos delictivos, sino que al reo se le impondría el triple de la pena máxima. Dado que lo más grave que se le imputa es la falsedad en documento oficial, que va de tres a seis años, como mucho le corresponderían 18.

Realmente ninguno de los abogados consultados, algunos de ellos inmersos en esta causa, considera siquiera que se vaya a llegar a esas cifras. En primer lugar, Vigo insiste en que el relato de la Fiscalía se corresponde con una interpretación completamente errónea de los documentos intervenidos en el Concello de Cee y que está en condiciones de demostrar su inocencia en sala, por eso su abogado ni siquiera ha recurrido ninguna de las resoluciones judiciales dictadas hasta el momento. Por tanto, no se encuentra ni mucho menos condenado y habrá que esperar a lo que digan los jueces.

Aún en el caso de que lo encuentren culpable de los delitos relacionados por la Fiscalía, estos letrados consideran inverosímil que le vayan a imponer la pena máxima en todos los ellos, con lo que la hipotética condena se reduciría de manera sustancial.

Dilaciones indebidas

Pero todavía hay más. Una de las atenuantes más comunes en los procesos penales es las de dilaciones indebidas a la que, en último término, se agarran todos los defensores a efectos de lograr el menor castigo posible para sus clientes. Y en un caso que se inició en diciembre del 2011, que pasó por varios instructores, fue a la Audiencia Provincial, volvió para que se instruyese en piezas separadas y pasó años enteros aparentemente parado, resulta más que probable que los abogados pudiesen acreditar estas dilaciones.

Por todo ello, y aunque nadie quiere lanzarse a hacer cábalas sobre condenas de unos hechos que están sin juzgar, todos coinciden en que no le pueden imponer ni 23 años, ni siquiera 18, sino bastantes menos.

Caso diferente es el de las inhabilitaciones, porque la Fiscalía hace peticiones que suman decenas de años y que, a poco que se concreten en condenas, supondrían el fin de la vida política del alcalde de Cee, que ha vuelto a ganar las elecciones dos veces desde que saltó el escándalo de la Orquesta, con un amplio despliegue policial, detención y registro en su casa incluido.

Informe demoledor

Eso sí, precisiones legales aparte, el relato de los hechos que hace el ministerio público resulta especialmente demoledor en el caso del líder de IxCee. Lo acusa de elaborar con el agente de orquestas Jorge Luis Lago López, facturas a medida para justificar una subvención «faltando a la verdad y con grave daño para la seguridad del tráfico mercantil».

Le responsabiliza igualmente de actuar «movido por el ánimo de obtener un indebido aprovechamiento de su cargo» y de recibir de manos de Daniel Ogando de la Sierra una mordida de 29.000 euros en efectivo en agosto del 2010 que previamente el padre del constructor y también acusado, Daniel Ogando Ogando, había retirado de una sucursal bancaria.

Respecto a las fiestas de la Xunqueira del 2009 y el 2010, el escrito de acusación dice que «ordenó, consintió y gestionó con total perversidad la recaudación en los puestos y barracas», exigiendo en algunos casos «pagos por importe superior a lo que se hacía constar oficialmente. De este modo, en el 2009 la interventora municipal no pudo incluir como recaudados por este concepto más que 759 euros, cuando en las anotaciones manuscritas intervenidas «constan cobros por importe de 40.965». En el 2010 se consignan 1.453 y hay cobrados 40.450.